Congreso inicia revisión de la Ley General de Pesca

Considerando que el gobierno anunció que está trabajando en una “ley corta” que abordará, en una primera instancia, falencias de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado ya se encuentra analizando la materia.

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Vea >> Gobierno fija agenda legislativa para la pesca y acuicultura

“Mientras el Ejecutivo envía las modificaciones que están comprometidas, iniciamos una provechosa discusión con los dirigentes y federaciones para conocer su opinión, en el sentido de dejar las cartas sobre la mesa de lo que piensa cada organización sobre la ley de pesca y de la necesidad, no solamente de acelerar las modificaciones a esta ley, sino también acelerar otros proyectos que favorecen a la pesquería en general”, explicó el senador Rabindranath Quinteros, quien preside dicha instancia congresista.

Con la ronda de audiencias, la Comisión retomó la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la LGPA y a la Ley N°20.657, y se acordó continuar con las audiencias del sector pesquero artesanal y del industrial en la próxima sesión, destacó el sitio electrónico del Senado.

En la oportunidad, representantes del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile A.G. (Condepp), de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) y de la Asociación Gremial de Pequeños Armadores Artesanales (Agapesca), expusieron sus puntos de vista acerca de la legislación que regula al rubro y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, aseguró hacerse “cargo de esos planteamientos”.

“No hay conformidad”

El senador Quinteros recalcó que “la ley de pesca, tal como se promulgó desde hace bastante tiempo, tiene discusión, no hay conformidad a nivel nacional y muchos dirigentes del sector pesquero artesanal se han quejado de cómo los trata a ellos esta ley”.

“Las organizaciones se quejan mucho de las cuotas, de las irracionalidades que hay en cuanto a lo que recibe el sector industrial y a lo que reciben los artesanales. Cada organización tiene su punto de vista, por eso es que hay que compatibilizar todos los planteamientos (…). La pesquería a nivel regional no es la misma; por ejemplo, la pesquería de la región de Los Lagos no es la misma que la pesquería de las regiones del norte, y queremos escuchar las realidades de cada región para que todas estén interpretadas en la ley de pesca”, recalcó el legislador.

Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena comentó que espera que se cumpla el “compromiso del Ejecutivo”, apelando a perfeccionar la normativa y detalló que durante la sesión “las agrupaciones plantearon sus angustias, sus problemas y efectivamente yo agradezco los aportes que están haciendo en ámbitos técnicos”.

“Acá hay un compromiso del subsecretario, de prontamente trabajar estos temas y venir a presentarlos al Congreso y también hay un compromiso de la participación que debe haber, esta vez sí desde las bases, de los gremios, porque la pesca artesanal es muy importante en términos de empleo, de emprendimiento del país. Todo el largo de Chile rodea el mar y por lo tanto, efectivamente hay que entender que es un recurso que debemos proteger, es un patrimonio del país y en eso no nos debemos perder. Debe significar una actividad económica importante, pero no por eso ser una extracción que no tenga los límites que debe tener para las futuras generaciones”, argumentó la congresista.

Además, la senadora aseguró que tiene un compromiso personal “de visitar las caletas del sur, así que durante el mes de mayo vamos a partir a trabajar (…)”. En otro orden, lamentó el fraccionamiento de la pesca y su desproporción, “lo que hay que estudiar y entender. Y si efectivamente hubo error, una de las cuantas cosas que hay que cambiar es la distribución y la fracción que se hizo para poder aumentarla, en la medida de lo posible”.

 Pescadores artesanales.

En tanto, como una “presentación clara y sin rodeos” calificaron dirigentes de la Conapach el documento con las 34 modificaciones a la ley de pesca en favor del sector artesanal propuestas por las organizaciones de base en el XXIII Congreso Nacional, que fueron expuestas la semana pasada en sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara Alta.

Lea >> Promueven 34 modificaciones a la ley de pesca

A la cita asistieron los directores de la Conapach Elvio Martínez y Fabian Salazar (Caldera, región de Atacama); César Jorquera (San Vicente, región del Biobío); Luis Gómez (Pichilemu, región de O’Higgins); Paula Reyes (Coliumo, región del Biobío); su secretaria, Sara Garrido (Coliumo, región del Biobío); su tesorero, Marcos Salas (Quellón, región de Los Lagos); su vicepresidenta, Zoila Bustamante (Estaquilla, región de Los Lagos); y el presidente, Óscar Espinoza (Río Seco, región de Tarapacá).

Entre lo señalado por los dirigentes ante la Comisión, destacan la solicitud de priorizar las demandas de la pesca artesanal por sobre el sector industrial, dejando en claro que ante cualquier método para acabar con las licencias transables de pesca industrial por 20 años, donde se ha pensado en las licitaciones, primero debe redistribuirse las cuotas a favor de la actividad artesanal.

“No queremos que el gobierno vuelva a poner a la industria por sobre la pesca artesanal y para esto necesitamos un nuevo fraccionamiento a favor de nuestra actividad, muy deprimida estos últimos años por la escasez de recursos”, argumentó Óscar Espinoza.

Comisión de Pesca del Senado (Foto Conapach)2

“Entre nuestras luchas se encuentran lograr que la reineta y jibia sean 100% artesanal, como también, que el 15% de la cuota industrial destinada a licitación por alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) pase directamente a los pescadores artesanales, así como la apertura de nuevas vacantes en pesquerías que se encuentran sanas, entre otras peticiones contenidas en un documento que ha sido distribuido entre autoridades y congresistas”, añadió el timonel de la Conapach.

Por su parte, Marcos Salas subrayó que no concibe una ley de pesca si no se trabaja con los actores, en especial con la pesca artesanal. Lo mismo pasa con la anunciada ley bentónica, que se va a ver en el Congreso de forma separada de la ley de pesca. “En este tema, la Conapach ha realizado un trabajo sistemático con los pescadores artesanales bentónicos de todo Chile y queremos que ese trabajo se vea reflejado en la ley”, enfatizó el tesorero de la Conapach.

Para finalizar, el timonel de la Confederación aseveró que han trabajado las propuestas “arduamente durante los tres últimos años, en talleres macrozonales realizados de manera continua y transversal con las organizaciones de base de la pesca artesanal de todo Chile, corroboradas en el Congreso Nacional de la Conapach, en donde participaron más de 200 dirigentes y no a puertas cerradas”.

“Por eso, esperamos que el gobierno, en estos 45 días que ha estimado para elaborar una ley de pesca, vea estas propuestas, las tome en cuenta y las incluya, porque la pesca artesanal ha esperado mucho por una respuesta a sus demandas y estaremos atentos a ello”, cerró Espinoza.

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Ingresan proyecto de ley que impide a establecimientos de Salud que invoquen la objeción de conciencia celebrar convenios con el Ministerio de Salud en materia de ginecología y obstetricia

Interpreta art. 119 ter del Código Sanitario.

Corresponde ahora que la iniciativa ?en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

16 de abril de 2018

La moción de los diputados Auth, Castillo, Castro, Celis, Crispi, Díaz, Hernando, Mellado, Mix y Rosas, expone que la Ley Nº 21.030, sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, incorporó un nuevo artículo 119 ter al Código Sanitario, cuya redacción antes del control -vía requerimiento de un grupo de parlamentarios- por parte de Tribunal Constitucional establecía la objeción de conciencia en favor de los profesionales, sin embargo, la sentencia suprimió las expresiones que limitaban la objeción de conciencia personal y prohibían la institucional.

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Observa luego que dicho precepto estableció en su parte final que “la objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”.

Sobre el particular, los autores de la iniciativa, manifiestan que el voto de mayoría del Tribunal estableció la justificación de la objeción de conciencia en las personas jurídicas fundada en dos normas constitucionales. Añaden, que por primera vez en su jurisprudencia el TC sostuvo que “no se divisa razón jurídica alguna para restringir la objeción de conciencia solamente a las personas naturales que revistan la condición de profesionales. Cuando aquéllas que no lo son también podrían tener reparos, en conciencia, frente a los procedimientos en que deben intervenir”; para luego extender la tutela constitucional a los entes, sobre la base de los preceptos contenidos en la base de la institucionalidad y el derecho fundamental de libertad de asociación, cuya doble vertiente (derecho y libertad de asociación) había sido precisada en la sentencia rol Nº 43 de 1987.

En ese contexto, la iniciativa hace presente que se dio cumplimiento mediante la dictación de los protocolos para la ejecución de la normativa, de lo cual es expresión la resolución exenta Nº 61 del Minsal, que aprueba el “Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia personal y para la objeción de conciencia invocada por instituciones en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario”, de 27 de enero de 2018. Sin embargo, indican que con fecha 23 de marzo, mediante resolución Nº 432, se dicta un acto administrativo que deja sin efecto el protocolo anterior, expresando que la objeción de conciencia está íntima e indisolublemente ligada al manejo operativo de la interrupción voluntaria del embarazo, y en este sentido señala que el protocolo anterior “ha sido objeto de diversas interpretaciones jurídicas por parte de las personas e instituciones que deben implementarlo, lo que, en la práctica podría traducirse en un riesgo para los derechos que se garantizan a las mujeres en virtud de lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes del Código Sanitario”, motivo por el cual, buscando precaver una presunta incerteza jurídica, decide modificar los alcances del instructivo en importantes materias como la limitación a los establecimientos privados que hubieren celebrado convenios en materia ginecológica y obstétrica.

En razón de lo anterior, el proyecto de ley sostiene que si tal normativa, como declara la resolución exenta Nº 432, genera conflictos de interpretación conforme a las normas de la ley, y especialmente conlleva un riesgo en las prestaciones de salud, resulta evidente que una forma de solucionar este conflicto hermenéutico es mediante la dictación de una ley interpretativa.

En consecuencia, y el objeto de fijar de manera auténtica el sentido y alcance del artículo 119 ter en materia de objeción de conciencia de las instituciones o establecimientos de salud, sean públicos o privados, conforme a la controversia planteada por la resolución exenta Nº 432, el proyecto de ley propone declara por interpretado el artículo 119 ter del citado Código Sanitario, estableciendo que “los protocolos, a los que se refiere el inciso primero, tienen por finalidad asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo. En consecuencia, los establecimientos de salud que invoquen la objeción de conciencia, no podrán celebrar los convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 36 de 1980, del Ministerio de Salud en materia de ginecología y obstetricia”.

A su vez, expresa que “la objeción de conciencia institucional siempre deberá ser manifestada previamente por escrito, indicando los fundamentos por los que solicita abstenerse de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo.”.

Corresponde ahora que la iniciativa –en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

 

 

RELACIONADO

Acerca del requerimiento presentado ante Contraloría para invalidar cambios a protocolo de objeción de conciencia…

El Congreso es el lugar de los acuerdos – Maya Fernandez, Presidenta de la Cámara de Diputados

El gobierno de Piñera ha llamado a alcanzar acuerdos nacionales en materias
sensibles para los chilenos y chilenas como son los de infancia, seguridad
pública, salud, pobreza y el conflicto en La Araucanía. Las fuerzas progresistas
han manifestado plena disposición para avanzar en la solución de estas
problemáticas de alta relevancia social, las que deben materializarse en políticas
públicas que profundicen la igualdad y justicia social en nuestra sociedad.

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La manera en que el gobierno pretende materializar estos acuerdos es mediante la
creación de comisiones en las que sus participantes hemos sido designados de manera
discrecional para hacer un trabajo pre legislativo.
Me llama profundamente la atención la ausencia de los presidentes de las comisiones de
Familia y Constitución donde están ingresados proyectos que abordan la problemática de la
niñez, como también el que no hayan sido convocadas todas las bancadas del parlamento.
Esto nos retrotrae a prácticas que ya no están acordes a las exigencias de transparencia que
exige el debate político hoy en nuestra democracia. Hay que ser claros por el bien de nuestro
sistema democrático: el lugar para debatir de manera abierta y de cara a los ciudadanos
es el Parlamento.

Creo firmemente en la necesidad de llegar a acuerdos para avanzar en la construcción de un
país mejor, pero para ello no podemos vulnerar por vía administrativa la expresión ciudadana
ni intentar sobrepasar el espacio institucional donde ésta se encuentra representada, que es el
Congreso.

Para lograr acuerdos nacionales, el gobierno de Piñera debe reconocer las mayorías y
minorías que existen en las instituciones democráticas, para allí manifestar sus
prioridades y visiones de sociedad de manera transparente. De otro modo, alcanzar
acuerdos se hará imposible.

Quisiera recordar que el Congreso ha abordado el problema de la infancia en los últimos
años, aprobando proyectos de manera transversal desde la izquierda hasta la derecha. Las
líneas de acción están claras hace bastante tiempo.
Toda iniciativa es perfectible y hay mecanismos para aquello, pero no tenemos tiempo para
hacer una pausa en el camino de las soluciones. No necesitamos generar más reuniones.
Necesitamos que el Gobierno le ponga suma urgencia legislativa a esta discusión y envíe
las indicaciones que estime pertinente para debatirlas en el lugar que corresponde: el
Congreso Nacional.
Agradezco que se me haya considerado para participar en la comisión de infancia, pero como
Presidenta de la Cámara de Diputados, estimo que mi trabajo es asegurar que logremos la
mayor eficacia legislativa para la pronta implementación de las iniciativas ya en trámite, que
son plenamente coincidentes con las intenciones declaradas por el Gobierno.
Mi rol es fortalecer un debate que sea abierto y transparente en la Cámara de Diputados
y no mermar su institucionalidad. Valorando genuinamente la voluntad de diálogo
expresada, creo que debe darse en el marco que tiene nuestro sistema democrático, que es el
Congreso.
El deber del Gobierno es trabajar en conjunto con el Congreso para hacer realidad este
propósito común. Esa es la tradición de nuestra República y del espíritu democrático
que la fundamenta. Por ello no corresponde mi asistencia a la comisión convocada en
La Moneda por el gobierno.

Políticas especiales para las regiones extremas y territorios aislados

El principio de la descentralización, como marco conceptual para la política pública en Chile, un país geográficamente diverso, no se reduce solamente a la elección de autoridades o a la transferencia de competencias para las regiones y comunas.  Tiene su correlato también en la disposición de las políticas públicas para que se adapten a las condiciones y características propias de cada territorio, de acuerdo a sus peculiaridades geográficas, económicas y culturales.

En un país unitario como Chile, la diversidad de las regiones y el reconocimiento de esas diferencias, es parte del  delicado equilibrio necesario entre la unicidad de las políticas a nivel nacional y la regionalización y descentralización de las decisiones en los territorios y las comunidades.

Incluso en el sutil juego del lenguaje político, hay quienes pierden de vista que una cosa es “administrar” y otra cosa es “gobernar” un territorio, donde la primera acepción se limita a cumplir las políticas emanadas del nivel central y a gestionar los recursos que provienen de la capital, y otra cosa es ejercer el poder político y administrativo de decisión en términos de políticas públicas dotadas de recursos humanos y financieros, y de capacidades eficaces de control y evaluación de esas políticas.

La política pública, en un Estado moderno, implica un compromiso con la eficiencia, con la participación de la ciudadanía, con la adecuada asignación de recursos y con la capacidad de los servicios públicos para el buen diseño e implementación de programas y proyectos.

En Chile contamos con una tradición de políticas descentralizadoras, pero, acostumbrados al corto plazo y obnubilados por el inmediatismo de los programas de gobierno pensados para 4 años, olvidamos que -a través de elecciones y cambios de alternancia- el Estado sigue funcionando, que la administración sigue actuando conforme a protocolos, normas y procedimientos preestablecidos que aseguran la continuidad necesaria de las políticas, cualquiera sea el gobierno que asume.

Y a través de esa continuidad, la realidad de las regiones extremas y de los territorios aislados sigue presente: las comunidades continúan reclamando que las decisiones se tomen en las propias regiones y comunas, los ciudadanos siguen demandando y esperando que los recursos y las políticas no dependan de una oficina en Santiago, para que los proyectos se realicen.

El aislamiento, la desigualdad territorial y las dificultades de conectividad que experimentan las personas, las familias y las comunidades, especialmente en las regiones extremas como Arica Parinacota, Aysen y Magallanes, solo se resuelven con políticas públicas especiales que den cuenta de la diversidad geográfica, económica, social y cultural de los territorios.

En Chile, la historia de los gobiernos con mentalidad centralista es más larga y prolongada que la historia de los gobiernos con visión descentralizadora, porque al peso del centralismo en las instituciones del Estado se agrega el peso casi inamovible del centralismo instalado en las mentalidades, en la cultura, en las empresas y corporaciones, y en los partidos políticos.

Por ejemplo, en Chile existe desde hace casi una década una Política Nacional para Localidades Aisladas, con un contenido descentralizador, pero las decisiones principales de esa política se toman en Santiago.

Para enfrentar la enfermedad nacional del centralismo y los vaivenes originados en la alternancia pluralista y los cambios de gobierno, por ejemplo, las políticas especiales para el desarrollo de zonas extremas, debieran ser Políticas de Estado, basadas en itemes presupuestarios asignados totalmente a cada región para decisión regional, asociadas a fondos de infraestructura regionales de carácter estable y ajustadas a criterios de evaluación de proyectos de “costo-eficiencia”.

En realidad, la larga batalla por la descentralización no termina nunca.

Manuel Luis Rodríguez U.

Punta Arenas – Magallanes, abril de 2018.

Declaración del Grupo Banco Mundial sobre la auditoría de Doing Business-Chile

WASHINGTON, 28 de marzo de 2018 – El Banco Mundial confirmó hoy que ha comenzado la auditoría externa independiente sobre los rankings de Chile del informe Doing Business, luego de una serie de reportes mediáticos sobre los rankings en enero de 2018.

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La auditoría se está llevando a cabo por un equipo liderado por Randall K. Morck, Distinguido Presidente de la cátedra de Finanzas Stephen A. Jarislowsky y Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Alberta.

El equipo espera entregar los resultados preliminares a la Directora Gerente del Banco Mundial en abril de 2018, y terminar su reporte en junio de 2018.

El Banco Mundial planea hacer público un resumen de los resultados una vez finalizada la auditoría.

Texto del proyecto de ley que otorga un aporte unico de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas, por el Estado de Chile

Presentamos la versión original completa del proyecto de ley que otorga un aporte unico de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas, por el Estado de Chile, enviado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet al Congreso el 31 de enero de 2018.

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Este proyecto se encuentra actualmente en primer trámite legislativo en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados.

Lea y descargue aquí el proyecto de ley:

11.619-17 (Aporte reparatorio)

Izquierdas y derechas, más de dos siglos – Opinión

Cuando los diputados de la Asamblea Nacional francesa el 23 de junio de 1789 tomaron lugar por primera vez en los escaños del hemiciclo, situándose los diputados realistas y monárquicos a la derecha de la presidencia y los diputados patriotas y republicanos a la izquierda, se instaló una tradición y costumbre que se extendió por el mundo entero hasta el presente.

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Incluso hoy, en pleno siglo XXI, en la Asamblea Nacional francesa, los diputados se sitúan en sus escaños conforme a la distribución creada hace más de dos siglos: a la derecha, los de derecha y a la izquierda, los de izquierda.

Pero hay que reconocer que a lo largo de más de dos siglos de historia política y de historia de las ideas, las tradicionales denominaciones de “derecha e izquierda” no solamente son antagónicas entre sí, sin llegar a ser simbióticas, sino que expresan en un lenguaje simple y metafórico, la profundidad de posturas políticas, ideológicas, y doctrinarias que tienen raíces distintas y con frecuencia contradictorias.

El ser de derecha o el ser de izquierda son denominaciones de contenido cultural e ideológico, cuyos significados se han ido modificando con el tiempo, de manera que la densidad de la historia de cada sociedad en particular, le ha ido otorgando al sustantivo o al adjetivo, un valor diferente y cambiante, a veces cargada de una fuerza peyorativa y hasta discriminatoria, y en otros casos, como símbolo de un orgulloso sentido de pertenencia y de militancia.

Por eso es que puede afirmarse que quienes se definen como “ni de derecha ni de izquierda” representan y reflejan una indefinición que no logra equipararse con la potencia subjetiva y convocante de estas denominaciones cargadas de tiempo, de historia y de futuro.

Resulta evidente a la luz de la evidencia histórica, que no existen “una izquierda” ni tampoco “una derecha”.

Lo que comenzó en las asambleas parlamentarias, después se trasladó a la esfera de las ideas y de las definiciones de partidos y corrientes políticas.  Del mismo modo como las bancadas del Parlamento inglés en Westminster quedaron separadas desde hace varios siglos entre los escaños gobiernistas y opositores y entre liberales y conservadores, en gran parte de las repúblicas democráticas y representativas, las definiciones de derecha e izquierda, de liberales y conservadores, llegaron a marcar un sesgo político basado en diferencias doctrinarias y filosóficas y que se mantienen en el presente.

Cada día que se declara el fin de las izquierdas y de las derechas, se forma un partido político, un movimiento, un grupo organizado que busca su definición básica en el vasto patrimonio teórico y conceptual de la derecha o de la izquierda.

En el caso de la república de Chile, no lo olvidamos, la historia política del siglo XIX se fue construyendo a partir de las rivalidades sociales, políticas y hasta personales entre o’higginistas y carrerinos, entre católicos, protestantes y masones, entre santiaguinos y sureños, entre presidencialistas y federalistas, entre pipiolos y pelucones, entre balmacedistas y congresistas, entre liberales y conservadores.

¿Qué duda cabe que desde el cabildo del 18 de septiembre de 1810, las rivalidades entre monárquicos y patriotas se marcaron entre chilenos y peninsulares, divididos unos y otros en favor o en contra del dominio monárquico español?

En el siglo XX las diferencias entre derechas e izquierdas, se profundizaron y complejizaron a medida que cada corriente ideológica fue adoptando un modelo social y económico que cumplía la función de ser un país representativo que exhibir, como ejemplo de la concreción de su doctrina.  Desde la revolución rusa de 1917, para las corrientes y partidos de las derechas (conservadores y liberales) los modelos a seguir han sido Inglaterra y Estados Unidos, y para las izquierdas, el modelo fue la Unión Soviética y la República Popular China, anticipando la bipolaridad de la política mundial que continuará hasta 1989.

Derechas e izquierdas no son denominaciones vacías ni etiquetas puestas sobre productos de fácil digestión. Tampoco funcionan duraderamente como adjetivos peyorativos o como arma verbal para intentar descalificar al interlocutor como adversario o enemigo. La durabilidad de los sustantivos “derecha o izquierda” o también “derechista o izquierdista” resiste el paso del tiempo y perdura a través de los avatares y cambios de la vida política.

El pensamiento de izquierda como el pensamiento de derecha, representan campos de ideas y de proyectos sociales, económicos y políticos que poseen todavía en el presente, una poderosa capacidad de convocatoria, aunque las modas y las preferencias vayan mutando a través del tiempo.

Las doctrinas conservadoras y liberales encuentran sus raíces doctrinales en Tomás de Aquino, Adam Smith, John Locke, Montesquieu, Alexis de Tocqueville, Burke y Thomas Jefferson, hasta llegar a Alfred Rosenberg, John Rawls y Milton Friedman.

A su vez, el marco doctrinario e ideológico de las izquierdas remonta sus fundamentos a los utopistas del siglo XVII, Fourier, Charles Owen, Proudhon, Bakunin, Carlos Marx, Federico Engels, hasta llegar a Trotski, Stalin, Mao, Edward Bernstein, Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Jean Paul Sartre y Toni Negri.

Cada una de ellas se expresa y se organiza en una constelación enormemente diversa y compleja de grupos, partidos, movimientos y colectivos con raigambre social diversa.

El paso del tiempo produce que se pueda hablar hoy de las viejas derechas y las viejas izquierdas, mientras se forman nuevos partidos y movimientos que, recogiendo o reinterpretando los mismos ideales políticos a la luz de los tiempos actuales, vuelven a ensamblarse con el campo ideológico y cultural del que provienen, vuelven a buscar en la matriz ideológica que los produjo, los valores y principios que les dan consistencia y perspectiva posible de futuro.

Las “nuevas derechas” nacen negando la maternidad de sus mismos partidos de las tradicionales fuerzas conservadoras y liberales, del mismo modo como las “nuevas izquierdas” salen a navegar en los nuevos tiempos, negando y tratando de destruir a las viejas izquierdas que las vieron nacer o aparecer.

Las derechas representan un universo social, cultural y político de contenido humanista que va desde las tendencias nacionalistas, fascistas y neofascistas, hasta los partidos y movimientos conservadores, en torno a las ideas de orden, libertad, patria, democracia y derechos individuales.

Las izquierdas, a su vez, representan un universo social, cultural y político de raigambre humanista que va desde las tendencias anarquistas, socialistas, socialdemócratas y comunistas, en torno a las ideas de igualdad, justicia social, libertad, derechos sociales, solidaridad y democracia.

Manuel Luis Rodríguez U.

Los ciudadanos, la política y el Congreso

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