En protesta contra las persecusiones políticas en Brasil

PROTESTA CONTRA PERSECUCIONES POLITICAS EN BRASIL.

El señor senador Salvador ALLENDE.-

Señor Presidente y Honorable Senado:

Invitado, hace dos semanas y algunos días por los comités argentino y uruguayo de solidaridad con el Brasil, concurrí a Montevideo, con el objeto de participar en un acto público de protesta por las persecuciones, torturas y padecimientos que azotan al pueblo de ese país, por la acción despiadada de una de las dictaduras más torvas instaurada en América latina.

Fue una reunión que tuvo una expresión de tipo continental. En ese acto público, usamos la misma tribuna hombres de Uruguay, Argentina y Chile. Inició el acto José Delia, presidente de la Central de Trabajadores del Uruguay, En seguida, hablaron” Vivian Trías, profesor, ex diputado socialista y ex secretario general del partido socialista uruguayo; el secretario general de la Central Unica de Trabajadores de Chile, compañero Luis Figueroa; el doctor Luis Ceruti Costa, ex Ministro del Trabajo de Argentina; el joven Ricardo Bemardis, delegado de la Federación de Estudiantes Uruguayos; el joven Pedro Ramírez, presidente de la Federación de Estudiantes de Chile; el diputadoargentino Juan C. Coral; los diputados uruguayos Fernando Elichirigoití, Enrique Martínez Moreno y Eduardo Erro; el senador Enrique Rodríguez; el diputado colombiano Garabito Muñoz, y el Senador que habla.

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En la explanada de la Universidad, ante unas cinco o seis mil personas, expusimos nuestro pensamiento e interpretamos la protesta viril de los pueblos, de los sectores populares de América latina contra la satrapía que se apoderó del poder burlando la ley y las instituciones constitucionales en ese pueblo-continente que es Brasil.

Pocas veces hubo unanimidad más amplia y clara para señalar lo que representa este hecho, y que es la consecuencia de una actitud y de una política que ha venido desarrollándose después de la revolución cubana, con el amparo y fomento del Departamento de Estado norteamericano.

El imperialismo y Getulio Vargas

En realidad, los distintos oradores señalaron, con claridad meridiana y antecedentes irrefutables por qué se dio este golpe en Brasil. Y es conveniente que recordemos, aunque sea en forma muy breve, los antecedentes entregados, que, podemos decir, tienen ya como origen la crisis que llevara a un presidente de ese país, Getulio Vargas, a quitarse la vida.

Pocas veces -repito- América latina ha podido apreciar en las palabras de un hombre, una censura más profunda y, al mismo tiempo, una protesta más seria -la que rubricó con su propio suicidio-, que la contenida en el párrafo final de la carta del Presidente Vargas, al cual daré lectura como testimonio de lo que estoy afirmando:

“Pero ese pueblo del cual he sido esclavo, no será más esclavo de nadie. Mi sacrificio quedará para siempre en mi alma, y mi sangre será el precio de su rescate.

He luchado contra la explotación en el Brasil. Luché contra la explotación del pueblo. He luchado a pecho abierto. El odio, la infamia, la calumnia no doblegaron mi ánimo.

Os dí mi vida, y ahora ofrezco mi muerte… Nada temo. Serenamente doy el primer paso en el camino de la eternidad y abandono la vida para entrar en la historia”.

Este párrafo final de la carta del Presidente del Brasil constituye el aspecto humano de un documento en el cual, con claridad, se expresa que se lo arrastró a esa determinación, pues no podía gobernar a su patria frente a la presión brutal del imperialismo extranjero.

La carta la dio a conocer en este hemiciclo el Honorable SenadorAniceto Rodríguez, quien enfocó, primero que todos, el grande y dramático problema brasileño.

Janio Quadros y Joao Goulart

Sabemos lo que ocurrió con Janio Quadros, que también renunció por la presión foránea, a fin de que cambiara su política internacional que, en esa oportunidad, era de independencia y respeto hacia la autodeterminación de los pueblos.

Tenemos conciencia perfectamente clara de lo sucedido después de la renuncia de ese Mandatario y cómo las fuerzas retrógradas y los grupos militares pretendieron impedir que asumiera la Presidencia del Brasil el Vicepresidente titularJoao Goulart. Sólo la actitud de resistencia del gobernador Leonel Brizzola y la reacción espontánea de amplios sectores, hizo posible que Goulart, de acuerdo con la Constitución Política, asumiera el Poder. Debió, sí, aceptar que el Congreso Nacional eliminara el poder que legalmente tenía el Presidente del Brasil, al transformar en un régimen parlamentario el sistema presidencial que regía en ese país. Se estuvo al borde de una guerra civil.

Goulart recibió el Brasil con las características de un país en el cual había un éxodo de más de mil millones de dólares, una balanza de pagos desfavorable, una inflación vertiginosa y una situación dramática en el noroeste, donde existe una miseria increíble que azota a más de veinte millones de seres humanos. El PresidenteGoulart obtuvo, primero, que se reintegrara la característica del gobierno presidencial y, en seguida, presentó al Congreso Nacional una serie de modificaciones destinadas a cambiar la estructura económica del país; iniciativa que incidía en la reforma agraria, la reforma tributaria, en cambios institucionales, en la política de créditos, en leyes que limitaban la posibilidad de exportación más allá del 10% de las utilidades de las empresas. En resumen, el Presidente del Brasil quiso hacer enmiendas dentro de los cauces legales, a fin de luchar contra la inflación y planificar el desarrollo económico del país, con profundo sentido nacional. Pero, como indiscutiblemente hería los intereses del capital foráneo, de los monopolios y de la reacción brasileña, estos sectores se unieron para desatar una campaña increíble, motejar al Gobierno de Goulart de comunista y romper los diques de la Constitución y la ley.

Los monopolios extranjeros y la reacción se unen contra el Gobierno legítimo.

El alzamiento armado derribó al Presidente legítimo del Brasil.

Quedará como uno de los hechos más ignominiosos de la historia el cable que el PresidenteJohnson envió para felicitar al nuevo gobernante, el señor Castelo Branco, en circunstancias de que el Presidente titular, Joao Goulart, aún no había abandonado Brasilia.

La ironía popular, que marca siempre lo que es la actitud de algunas gentes -me lo recordaba un periodista-, ha escrito, en una muralla de una aldea de Brasil, lo siguiente: “La próxima vez, sin intermediarios: Lyindon Gordon, Presidente”. Este último era el Embajador de Estados Unidos en Brasil cuando se derrocó al Presidente brasileño. Con ello se está señalando cómo el propio pueblo caló de dónde nació la inspiración y por qué ocurrieron los hechos.

En la mañana de hoy, recordé algunos aspectos de ese proceso en el debate que tuvimos en la confrontación con el Ministro de Relaciones Exteriores, oportunidad en la cual subrayé que, a mi juicio, él no apreciaba lo que es y ha sido la nueva política desatada por el Departamento de Estado para defender los privilegios y ventajas que ha alcanzado Norteamérica en los países subdesarrollados de América latina. Bastará recordar que Thomas Mann ha expresado que a Estados Unidos no le interesan, ahora, que sean gobiernos representativos, sino que sean amigos de Norteamérica, cualquiera que sea su expresión: democracia, seudodemocracia o dictadura. La división no es entre gobiernos representativos o no representativos, sino entre gobiernos parciales, dispuestos a someterse a los designios del Departamento de Estado.

Por eso quise señalar estas cosas: porque en estos instantes, de manera indiscutible, Brasil es el país donde se puso en práctica una política destinada, precisamente, a quebrar a uno de los pueblos que, con sus manifestaciones internacionales, mantenía claramente la obligación de respeto a la autodeterminación y a la plena soberanía de las naciones.

Los excesos de la dictadura

Lamentablemente, por lo avanzado de la hora y para no abusar de la gentileza del Honorable señor Víctor Contreras, quien me ha cedido parte de su tiempo, no podré analizar en profundidad los antecedentes que tengo. Me habría gustado detallar más los hechos que condujeron a las dificultades que debió enfrentar el PresidenteGoulart, y ahondar en las consecuencias que ha traído para Brasil la caída de su Gobierno legítimo.

En el aspecto político, quiero recordar que ha habido gobernadores de Estado depuestos, como Miguel Arraes de Alencar, de Pernambuco; Badger Silveira, de Río de Janeiro; Plinio Coelho, de Amazonas; Aurelio de Carmo, de Pará; etcétera, y que han cesado en sus cargos por voluntad de la dictadura gobernadores de territorios federales; vicegobernadores de Estado, como Eloy Dutra y Juan Bautista Xavier, de Guanabara y Río de Janeiro, respectivamente; prefectos de las capitales de los Estados, entre los cuales podemos citar a Djalma Maranhao, de Natal; Sereno Chaise, de Porto Alegre; Moura Carvalho, de Belén; Silvio Piconlho, de Niteroi; Ivo Magalhaes, de Brasilia, y otros; sesenta y tres diputados federales; senadores; ministros de los tribunales de los Estados; prefectos; alcaldes; diputados estaduales; ediles; jueces.

En materia de hechos económicos, debo señalar que la ley de remesas de lucro y su reglamentación fueron abolidas. Esa ley limitaba la exportación de capitales a un 10% del capital primitivo y efectivamente ingresado al país, de manera que ahora será posible, no sólo la remesa de los capitales iniciales, sino también la de las reinversiones.

Asimismo, se ha derogado el decreto de creación de PETROBRAS, organismo mediante el cual el Estado brasileño quedó en condiciones de regir la refinación y comercialización del petróleo.

Quiero destacar la increíble concesión hecha a Hanna Corporation, a la cual se entregaron un puerto, comprometiéndose con ella un 70% de los embarques de minerales del Brasil, y reservas de hierro avaluadas en más o menos 250 billones de dólares. Además, el control ejercido por ésa empresa sobre reservas situadas en el cuadrilátero de Minas Gerais, calculadas en más de 5 billones de toneladas de hierro, constituye la mayor transferencia que jamás se haya realizado en el mundo a un grupo internacional.

También debo subrayar la derogación de las medidas sobre control de precios de artículos esenciales de consumo popular, y que la nueva política económica del Gobierno brasileño ha significado el sometí miento a los dictados del Fondo Monetario Internacional; la cesación del control de cambios; la libertad de precios para alimentos, remedios y otros artículos de primera necesidad; la eliminación de los subsidios al trigo y al petróleo y, además, la contención de los salarios, medida esta última que contrasta con el alza brutal del costo de la vida.

En el terreno jurídico, puedo mencionar el desconocimiento de los recursos de “habeas corpus” concedidos, por ejemplo, a Seixas Doria, gobernador del Estado de Sergipe; a Sergio Rezende, profesor de la Universidad Católica de Recife, y a Astrogildo Pereira, escritor, periodista y hombre de 74 años. También cabe señalar aquí la intervención federal que sufrió en su Estado, Goias, el teniente coronel Mauro Borges Teixeira después de declaraciones obtenidas con terribles torturas; el desconocimiento del “habeas corpus” que otorgó a ese gobernador el Supremo Tribunal Federal, y la presión que se ejerce ahora para que se le declare impedido de desempeñar su cargo. Destaco, por último, el atentado a la Constitución que se cometió en Bahía, al solicitar las autoridades militares a la Asamblea Legislativa que declarara la cesación en sus cargos de los diputados estaduales Enio Mendes y Sebastián Nery. Estos obtuvieron una orden de seguridad, concedida por la unanimidad del tribunal, pero los militares cercaron la Asamblea para obligarla a emitir un pronunciamiento de cesación de esos parlamentarios.

Se desconocen derechos universalmente respetados

Quiero también hacer presentes casos increíbles. Por ejemplo, la prisión y condena de una misión comercial de la República Popular China. El diario de hoy dice que el fiscal elevó la petición de condena de esa misión, de ocho años a quince. Y esa delegación había sido invitada a Brasil. La condena ha sido posible merced a la falsificación de una carta. Otro hecho ha sido la persecución y prisión de exilados congoleños en Brasil. También, vulnerando derechos y compromisos internacionales, se hizo descender del avión en que viajaba a Paraguay, al ex Presidente argentinoJuan Perón. Absolutamente nada nos ha vinculado al peronismo; pero, sí, defendemos principios. El procedente es funesto. Hoy ha sido el señor Perón; mañana puede ser cualquier hombre, de cualquier ubicación política, al que, en un país azotado como Brasil por la dictadura, se le impida hasta que pase, en avión, por un aeropuerto. Eso significa desconocer derechos universalmente respetados.

Persecución a todas las ideas

También ha habido persecuciones en lo religioso: prisión del padre Francisco Lage Pessoa; visitas inesperadas a conventos dominicanos en Belo Horizonte; prisión de líderes de la juventud católica, como Julio Oimpio Mourao, Saulo Eduardo Arantes, Luis Eduardo, Marco Aurelio Machado y otros; requisición de la Cartilla de Alfabetización editada por el ObispoJosé Távora y sometimiento a la vigilancia de la autoridad, de este prelado.

La Unión Nacional de Estudiantes del Brasil (UNEB) fue incendiada, saqueada y clausurada, y se ha intervenido en 19 uniones estaduales y decenas de centros de alumnos. Numerosos dirigentes estudiantiles se encuentran presos, y entre ellos se destacan Francisco Faria, vicepresidente de la UNEB, y Jurandir Boia Rocha, tesorero. Hay persecución en todos los sectores de las universidades: los estudiantes son expulsados sumariamente de las escuelas y hasta se ha impedido la celebración de las tradicionales ceremonias de graduación y conmemorativas.

Quiero recordar que aquí, en Santiago, hay dos diputados brasileños demócrata-cristianos: uno es el doctor Paulo de Tarso, ex Ministro de Educación del Estado de Sao Paulo, ex Ministro del Gobierno de Goulart como representante de la democracia cristiana y parlamentario distinguido, de clara actuación en el Congreso, especialmente frente a la reforma agraria y al control nacional de las riquezas. Junto a él está el diputadoPlinio de Arruda Sampaio, hombre de clase social pudiente que, sin embargo, ha demostrado gran comprensión de los problemas de su patria y de la necesidad de cambios. También a él se le ha impedido que siga como parlamentario. Infortunadamente, no obstante lo ocurrido con estos dos diputados democratacristianos, un sector no despreciable de la democracia cristiana está compartiendo la dictadura del Brasil.

Hay también terror cultural, expresado en la destrucción y quema de libros, en la invasión de editoriales y en la clausura de periódicos e imprentas. ¡Para qué hablar de la expulsión y prisión de científicos, catedráticos, artistas y otros valores intelectuales! Podemos citar a Eduardo Gal- vao, antropólogo; Oscar Niemayer, arquitecto ; Celso Furtado, economista y ex Ministro; Josué de Castro, ex Presidente de la FAO y a cuya situación nos hemos referido en otras ocasiones; Mario Schem- ber, físico atómico y profesor de la Universidad de Sao Paulo; Darcy Ribeiro, antropólogo y ex rector de la Universidad de Brasilia; Waldir Pires, profesor de derecho constitucional de la misma Universidad y consultor general de la república; escritores como Paulo Cavalcanti, Héctor Cony, Astrogildo Pereira, Jamil Alman- sur Addad; pintores como Clovis Graciano, Djanira, Di Cavalcanti; actores y gente de teatro como Mario Lago, Osvaldo Vianna Filho, Juan Francisco Guarnieri; decenas de otros escritores y maestros, y más de mil artistas de radio, teatro y televisión, compositores, músicos, etcétera.

Represión del movimiento sindical

Se ha procedido, además, a la represión brutal del movimiento sindical, con prisión de los líderes e intervención de las organizaciones gremiales: 409 sindicatos, 43 federaciones y 4 confederaciones. Han sido clausurados “manu militan” todos los sindicatos y agrupaciones gremiales existentes, y canceladas las mil doscientas solicitudes de inscripción presentadas al Ministerio del Trabajo, con lo cual se ha acabado con toda la organización rural brasileña. Prácticamente toda la directiva de la Central de Trabajadores está encarcelada. Y se hallan en el exilio, aparte muchos otros, los líderes sindicales Dante Pelacani, Osvaldo Pacheco, Temístocles Bautista, Melo Bastos, Aluisio Palhano, Benedicto Cerqueira, Salvador Lossaco y Rubén do Pinho Teireira.

Sobre mi escritorio hay un resumen revelador de que, sin lugar a dudas, en Brasil las cosas han llegado a tal extremo, que por ejemplo, más de seiscientos intelectuales, dirigentes sindicales y políticos han sido desposeídos de sus derechos ciudadanos por diez años, entre los cuales se encuentran tres Presidentes: Juscelino Kubitschek, Janio Quadros y Joao Goulart; gobernadores y ex gobernadores, como Leonel Brizzola, de Río Grande do Sul, y Gilberto Maestrinho, de Amazonas; senadores, diputados federales y estaduales, alcaldes y regidores; Ministros de Estado del Gobierno de Goulart: Amaury Silva y Almino Alfonso, de Trabajo; Paulo dé Tarso y Julio Sambaqui, de Educación; almirante Paulo Mario y Araujo Suzzano, de Marina; brigadier Anisio Botelho, de Aeronáutica; Abelardo Jurema, de Justicia; Celso Furtado, de Planeamiento; Egidio Michaelsen, de Industria y Comercio; Wilson Fadul, de Salud; general Jair Dantas Ribeiro, de Guerra; embajadores y diplomáticos; generales y oficiales de las fuerzas armadas y auxiliares; magistrados, catedráticos y hombres de ciencia; líderes políticos, sindicales, estudiantiles, etcétera.

En estos momentos existen en Brasil más de cuarenta y seis mil presos políticos, algunos de los cuales han sido implacablemente torturados o arrastrados al suicidio; otros han desaparecido. Existen cerca de mil exilados y refugiados, seis mil funcionarios expulsados de la administración pública y alrededor de mil oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y auxiliares eliminados de sus carreras.

Ayuda norteamericana para la dictadura

Creo que, en los últimos años, América Latina no ha presenciado un espectáculo más deprimente y denigrante que el de la dictadura brasileña. Sin embargo, hay que ver cómo el Departamento de Estado ha volcado su ayuda económica a ese régimen. Y lo ha hecho en términos tales, que los inversionistas norteamericanos pueden recuperar rápidamente la aparente ayuda. Ciento cincuenta millones de dólares ha prestado Estados Unidos a la dictadura de Brasil. ¡Ellos, que hablan de derechos humanos, que gastan sumas fabulosas en su propaganda contra Cuba, que vaciaron su capacidad de difamación contra el movimiento popular chileno! No obstante, la baja del precio del café en Brasil ha significado a ese país una pérdida de más de trescientos millones de dólares. Y esto ha beneficiado a los consumidores, comerciantes y distribuidores norteamericanos del café.

Se ha estado tramitando un préstamo por cuatrocientos millones de dólares, destinado a comprar las compañías estadounidenses propietarias de servicios de utilidad pública, porque una nueva política ha llevado al convencimiento de que es perjudicial para Estados Unidos, vale decir para los inversionistas norteamericanos que controlan esas compañías, la conservación de ellas. Por eso, prefieren deshacerse de esas empresas; obtener pingües utilidades, e invertir en entidades de financiamiento y de mayor influencia política lo que perciben con la venta a precios altísimos de instituciones y organismos que ya les han redituado ganancias increíbles.

Todo eso está sucediendo en Brasil.

El caso del Vicealmirante de Costa Aragón

Un periodista chileno, Róbinson Rojas, ha venido publicando en el diario “UltimaHora” unas crónicas, en las cuales aparece una carta que nadie puede leer sin sentir repugnancia al saber que hay seres capaces de proceder como han procedido en Brasil. Esa carta es de la hija del que fue vicealmirante brasileño Cándido de Costa Aragón. Leeré sólo algunos párrafos de ella. Dice:

“Después de 58 días de profunda tristeza, conseguí por primera vez entrevistarme con mi padre, el vicealmirante Cándido de Costa Aragón. No es sin justa razón que califico al “bicho-hombre” como permanente fiera peluda de la era de piedra. Grita dentro de mí la repugnancia por los hombres, al ver cómo la maldad, el odio y la ferocidad hicieron de mi padre un trapo humano. Si mis ojos no hubieran visto, por horrible que me pintaran el cuadro, no podría haberlo concebido como realmente es. Es bueno recordar que mi padre es un vicealmirante que perdió la batalla de defender al gobierno legal. Lo encontré relegado a una condición tan deprimente, que sólo un gusano lleno de inmundicia podría tener. Estoy reclamando en la condición de una hija desesperada que se resiste a creer la verdad de la desdicha tan humillante de su padre. Señores que mandan en estos momentos en mi tierra, les pido de rodillas, no clemencia, sino justicia. Prueben que nacieron de vientre humano; prueben que existe en sus corazones un poco, por lo menos, de amor filial y paternal; prueben que no es falsa la fe que no se cansan de pregonar. Libren a mi pobre padre de su deplorable condición física. Martirícenlo menos, para que él pueda recuperar su salud mental. El espectro de hombre que vi, llora y ríe desordenadamente y no consigue, siquiera, articular dos frases sobre un mismo tema. La desesperación me hace pedir, por piedad, que ustedes se cobren de un crimen político de un ser humano, pero no de la condición de ser humano”.

Me parece que estas líneas son el testimonio más elocuente que puede darse sobre una de las más ignominiosas dictaduras.

El pensamiento libre y el régimen de Brasil

Por eso, en la reunión de Montevideo que comento, después de conversaciones entre hombres de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, se emitió la siguiente declaración:

“Los representantes de los pueblos de Argentina, Chile y Uruguay, convocados en Montevideo en histórico acto de afirmación solidaria con el pueblo hermano del Brasil, que padece las consecuencias del derrocamiento de su gobierno legítimo sojuzgado por los militares que han destruido las libertades constitucionales, anulando los mandatos legislativos, clausurando las instituciones culturales, sindicales y estudiantiles, torturando y asesinando a muchos de sus mejores hijos como único medio para sostenerse en el poder, han dado su respuesta en la magna reunión celebrada hoy en la explanada de la Universidad.

“Conscientes del deber ineludible de hacer frente a los atropellos cometidos contra los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, hemos resuelto coordinar la acción de la ciudadanía de nuestros países, oponiéndonos al avance reaccionario, a fin de cooperar para que el pueblo del Brasil recupere el ejercicio pleno de sus derechos y de sus instituciones.

“En tal sentido reclamamos en primer término, el cese inmediato de las persecuciones que sufre el pueblo hermano y la libertad de sus hombres y mujeres encarcelados por causas políticas o gremiales.

“Reclamamos asimismo, a nuestros gobiernos, que se garantice el ejercicio pleno del Derecho de Asilo, inspirado en las más nobles tradiciones democráticas de nuestros pueblos, cuya vigencia defenderemos con todas nuestras fuerzas.

“Acordamos el envío inmediato de una delegación de parlamentarios, juristas y representantes de organizaciones políticas, gremiales y universitarias de nuestros países a fin de gestionar la libertad de los presos políticos y sociales.

“Finalmente, llamamos fervorosamente a todos los hombres e instituciones de los pueblos latinoamericanos a participar activamente en todos los esfuerzos solidarios con el pueblo del Brasil.

“Montevideo, 18 de diciembre de 1964.

“Movimiento Argentino de Solidaridad con el Pueblo del Brasil. Central Única de Trabajadores de Chile. Federación de Estudiantes de Chile. Frente de Acción Popular (Chile). Movimiento Uruguayo de Solidaridad con el Pueblo Brasileño.”

Señor Presidente, he querido sintetizar en muy pocas palabras, por el escaso tiempo de que dispongo, lo que fue ese acto y, sobre todo, la actitud de repugnancia que inspira un gobierno como el de Brasil, que ha aherrojado las libertades públicas, arrasado la Constitución y desconocido los derechos humanos, convirtiéndose así en símbolo de una de las más abominables dictaduras de la época contemporánea.

Uso esta tribuna para denunciar ante el país lo que allí acontece en estos días e instar, desde aquí, al movimiento popular chileno, al pueblo de Chile, a expresar su actitud solidaria con. la lucha del Brasil.

Informaciones recientes señalan que la misión del Embajador Pío Correia -brasileño destacado en el Uruguay; hombre de labor similar en Méjico, donde no pudo obtener que ese país se plegara al rompimiento de relaciones con Cuba- parece estar destinada a doblegar la decisión del Gobierno uruguayo de mantener el derecho de asilo; y es posible que sea internado en ese país el ex gobernadorLeonel Brizzola.

Todos estos hechos configuran una actitud política dirigida, controlada y orientada desde los Estados Unidos para atacar el movimiento popular. Lo señalo porque el Gobierno de Goulart ni siquiera era popular: era un gobierno de centro, dentro de la ley, y su presidente, católico. Un gobierno dentro de los marcos estrictos del derecho y la Constitución. Todo esto ha sido arrasado para imponer una dictadura, ejemplo de ignominia y vergüenza para América Latina y el continente.

Nada más.

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DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACION OFICIAL

LEGISLATURA ORDINARIA

Sesión 16ª, en miércoles 6 de enero de 1965.

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Congreso inicia revisión de la Ley General de Pesca

Considerando que el gobierno anunció que está trabajando en una “ley corta” que abordará, en una primera instancia, falencias de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado ya se encuentra analizando la materia.

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Vea >> Gobierno fija agenda legislativa para la pesca y acuicultura

“Mientras el Ejecutivo envía las modificaciones que están comprometidas, iniciamos una provechosa discusión con los dirigentes y federaciones para conocer su opinión, en el sentido de dejar las cartas sobre la mesa de lo que piensa cada organización sobre la ley de pesca y de la necesidad, no solamente de acelerar las modificaciones a esta ley, sino también acelerar otros proyectos que favorecen a la pesquería en general”, explicó el senador Rabindranath Quinteros, quien preside dicha instancia congresista.

Con la ronda de audiencias, la Comisión retomó la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la LGPA y a la Ley N°20.657, y se acordó continuar con las audiencias del sector pesquero artesanal y del industrial en la próxima sesión, destacó el sitio electrónico del Senado.

En la oportunidad, representantes del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile A.G. (Condepp), de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) y de la Asociación Gremial de Pequeños Armadores Artesanales (Agapesca), expusieron sus puntos de vista acerca de la legislación que regula al rubro y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, aseguró hacerse “cargo de esos planteamientos”.

“No hay conformidad”

El senador Quinteros recalcó que “la ley de pesca, tal como se promulgó desde hace bastante tiempo, tiene discusión, no hay conformidad a nivel nacional y muchos dirigentes del sector pesquero artesanal se han quejado de cómo los trata a ellos esta ley”.

“Las organizaciones se quejan mucho de las cuotas, de las irracionalidades que hay en cuanto a lo que recibe el sector industrial y a lo que reciben los artesanales. Cada organización tiene su punto de vista, por eso es que hay que compatibilizar todos los planteamientos (…). La pesquería a nivel regional no es la misma; por ejemplo, la pesquería de la región de Los Lagos no es la misma que la pesquería de las regiones del norte, y queremos escuchar las realidades de cada región para que todas estén interpretadas en la ley de pesca”, recalcó el legislador.

Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena comentó que espera que se cumpla el “compromiso del Ejecutivo”, apelando a perfeccionar la normativa y detalló que durante la sesión “las agrupaciones plantearon sus angustias, sus problemas y efectivamente yo agradezco los aportes que están haciendo en ámbitos técnicos”.

“Acá hay un compromiso del subsecretario, de prontamente trabajar estos temas y venir a presentarlos al Congreso y también hay un compromiso de la participación que debe haber, esta vez sí desde las bases, de los gremios, porque la pesca artesanal es muy importante en términos de empleo, de emprendimiento del país. Todo el largo de Chile rodea el mar y por lo tanto, efectivamente hay que entender que es un recurso que debemos proteger, es un patrimonio del país y en eso no nos debemos perder. Debe significar una actividad económica importante, pero no por eso ser una extracción que no tenga los límites que debe tener para las futuras generaciones”, argumentó la congresista.

Además, la senadora aseguró que tiene un compromiso personal “de visitar las caletas del sur, así que durante el mes de mayo vamos a partir a trabajar (…)”. En otro orden, lamentó el fraccionamiento de la pesca y su desproporción, “lo que hay que estudiar y entender. Y si efectivamente hubo error, una de las cuantas cosas que hay que cambiar es la distribución y la fracción que se hizo para poder aumentarla, en la medida de lo posible”.

 Pescadores artesanales.

En tanto, como una “presentación clara y sin rodeos” calificaron dirigentes de la Conapach el documento con las 34 modificaciones a la ley de pesca en favor del sector artesanal propuestas por las organizaciones de base en el XXIII Congreso Nacional, que fueron expuestas la semana pasada en sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara Alta.

Lea >> Promueven 34 modificaciones a la ley de pesca

A la cita asistieron los directores de la Conapach Elvio Martínez y Fabian Salazar (Caldera, región de Atacama); César Jorquera (San Vicente, región del Biobío); Luis Gómez (Pichilemu, región de O’Higgins); Paula Reyes (Coliumo, región del Biobío); su secretaria, Sara Garrido (Coliumo, región del Biobío); su tesorero, Marcos Salas (Quellón, región de Los Lagos); su vicepresidenta, Zoila Bustamante (Estaquilla, región de Los Lagos); y el presidente, Óscar Espinoza (Río Seco, región de Tarapacá).

Entre lo señalado por los dirigentes ante la Comisión, destacan la solicitud de priorizar las demandas de la pesca artesanal por sobre el sector industrial, dejando en claro que ante cualquier método para acabar con las licencias transables de pesca industrial por 20 años, donde se ha pensado en las licitaciones, primero debe redistribuirse las cuotas a favor de la actividad artesanal.

“No queremos que el gobierno vuelva a poner a la industria por sobre la pesca artesanal y para esto necesitamos un nuevo fraccionamiento a favor de nuestra actividad, muy deprimida estos últimos años por la escasez de recursos”, argumentó Óscar Espinoza.

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“Entre nuestras luchas se encuentran lograr que la reineta y jibia sean 100% artesanal, como también, que el 15% de la cuota industrial destinada a licitación por alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) pase directamente a los pescadores artesanales, así como la apertura de nuevas vacantes en pesquerías que se encuentran sanas, entre otras peticiones contenidas en un documento que ha sido distribuido entre autoridades y congresistas”, añadió el timonel de la Conapach.

Por su parte, Marcos Salas subrayó que no concibe una ley de pesca si no se trabaja con los actores, en especial con la pesca artesanal. Lo mismo pasa con la anunciada ley bentónica, que se va a ver en el Congreso de forma separada de la ley de pesca. “En este tema, la Conapach ha realizado un trabajo sistemático con los pescadores artesanales bentónicos de todo Chile y queremos que ese trabajo se vea reflejado en la ley”, enfatizó el tesorero de la Conapach.

Para finalizar, el timonel de la Confederación aseveró que han trabajado las propuestas “arduamente durante los tres últimos años, en talleres macrozonales realizados de manera continua y transversal con las organizaciones de base de la pesca artesanal de todo Chile, corroboradas en el Congreso Nacional de la Conapach, en donde participaron más de 200 dirigentes y no a puertas cerradas”.

“Por eso, esperamos que el gobierno, en estos 45 días que ha estimado para elaborar una ley de pesca, vea estas propuestas, las tome en cuenta y las incluya, porque la pesca artesanal ha esperado mucho por una respuesta a sus demandas y estaremos atentos a ello”, cerró Espinoza.

Ingresan proyecto de ley que impide a establecimientos de Salud que invoquen la objeción de conciencia celebrar convenios con el Ministerio de Salud en materia de ginecología y obstetricia

Interpreta art. 119 ter del Código Sanitario.

Corresponde ahora que la iniciativa ?en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

16 de abril de 2018

La moción de los diputados Auth, Castillo, Castro, Celis, Crispi, Díaz, Hernando, Mellado, Mix y Rosas, expone que la Ley Nº 21.030, sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, incorporó un nuevo artículo 119 ter al Código Sanitario, cuya redacción antes del control -vía requerimiento de un grupo de parlamentarios- por parte de Tribunal Constitucional establecía la objeción de conciencia en favor de los profesionales, sin embargo, la sentencia suprimió las expresiones que limitaban la objeción de conciencia personal y prohibían la institucional.

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Observa luego que dicho precepto estableció en su parte final que “la objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”.

Sobre el particular, los autores de la iniciativa, manifiestan que el voto de mayoría del Tribunal estableció la justificación de la objeción de conciencia en las personas jurídicas fundada en dos normas constitucionales. Añaden, que por primera vez en su jurisprudencia el TC sostuvo que “no se divisa razón jurídica alguna para restringir la objeción de conciencia solamente a las personas naturales que revistan la condición de profesionales. Cuando aquéllas que no lo son también podrían tener reparos, en conciencia, frente a los procedimientos en que deben intervenir”; para luego extender la tutela constitucional a los entes, sobre la base de los preceptos contenidos en la base de la institucionalidad y el derecho fundamental de libertad de asociación, cuya doble vertiente (derecho y libertad de asociación) había sido precisada en la sentencia rol Nº 43 de 1987.

En ese contexto, la iniciativa hace presente que se dio cumplimiento mediante la dictación de los protocolos para la ejecución de la normativa, de lo cual es expresión la resolución exenta Nº 61 del Minsal, que aprueba el “Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia personal y para la objeción de conciencia invocada por instituciones en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario”, de 27 de enero de 2018. Sin embargo, indican que con fecha 23 de marzo, mediante resolución Nº 432, se dicta un acto administrativo que deja sin efecto el protocolo anterior, expresando que la objeción de conciencia está íntima e indisolublemente ligada al manejo operativo de la interrupción voluntaria del embarazo, y en este sentido señala que el protocolo anterior “ha sido objeto de diversas interpretaciones jurídicas por parte de las personas e instituciones que deben implementarlo, lo que, en la práctica podría traducirse en un riesgo para los derechos que se garantizan a las mujeres en virtud de lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes del Código Sanitario”, motivo por el cual, buscando precaver una presunta incerteza jurídica, decide modificar los alcances del instructivo en importantes materias como la limitación a los establecimientos privados que hubieren celebrado convenios en materia ginecológica y obstétrica.

En razón de lo anterior, el proyecto de ley sostiene que si tal normativa, como declara la resolución exenta Nº 432, genera conflictos de interpretación conforme a las normas de la ley, y especialmente conlleva un riesgo en las prestaciones de salud, resulta evidente que una forma de solucionar este conflicto hermenéutico es mediante la dictación de una ley interpretativa.

En consecuencia, y el objeto de fijar de manera auténtica el sentido y alcance del artículo 119 ter en materia de objeción de conciencia de las instituciones o establecimientos de salud, sean públicos o privados, conforme a la controversia planteada por la resolución exenta Nº 432, el proyecto de ley propone declara por interpretado el artículo 119 ter del citado Código Sanitario, estableciendo que “los protocolos, a los que se refiere el inciso primero, tienen por finalidad asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo. En consecuencia, los establecimientos de salud que invoquen la objeción de conciencia, no podrán celebrar los convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 36 de 1980, del Ministerio de Salud en materia de ginecología y obstetricia”.

A su vez, expresa que “la objeción de conciencia institucional siempre deberá ser manifestada previamente por escrito, indicando los fundamentos por los que solicita abstenerse de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo.”.

Corresponde ahora que la iniciativa –en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

 

 

RELACIONADO

Acerca del requerimiento presentado ante Contraloría para invalidar cambios a protocolo de objeción de conciencia…

El Congreso es el lugar de los acuerdos – Maya Fernandez, Presidenta de la Cámara de Diputados

El gobierno de Piñera ha llamado a alcanzar acuerdos nacionales en materias
sensibles para los chilenos y chilenas como son los de infancia, seguridad
pública, salud, pobreza y el conflicto en La Araucanía. Las fuerzas progresistas
han manifestado plena disposición para avanzar en la solución de estas
problemáticas de alta relevancia social, las que deben materializarse en políticas
públicas que profundicen la igualdad y justicia social en nuestra sociedad.

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La manera en que el gobierno pretende materializar estos acuerdos es mediante la
creación de comisiones en las que sus participantes hemos sido designados de manera
discrecional para hacer un trabajo pre legislativo.
Me llama profundamente la atención la ausencia de los presidentes de las comisiones de
Familia y Constitución donde están ingresados proyectos que abordan la problemática de la
niñez, como también el que no hayan sido convocadas todas las bancadas del parlamento.
Esto nos retrotrae a prácticas que ya no están acordes a las exigencias de transparencia que
exige el debate político hoy en nuestra democracia. Hay que ser claros por el bien de nuestro
sistema democrático: el lugar para debatir de manera abierta y de cara a los ciudadanos
es el Parlamento.

Creo firmemente en la necesidad de llegar a acuerdos para avanzar en la construcción de un
país mejor, pero para ello no podemos vulnerar por vía administrativa la expresión ciudadana
ni intentar sobrepasar el espacio institucional donde ésta se encuentra representada, que es el
Congreso.

Para lograr acuerdos nacionales, el gobierno de Piñera debe reconocer las mayorías y
minorías que existen en las instituciones democráticas, para allí manifestar sus
prioridades y visiones de sociedad de manera transparente. De otro modo, alcanzar
acuerdos se hará imposible.

Quisiera recordar que el Congreso ha abordado el problema de la infancia en los últimos
años, aprobando proyectos de manera transversal desde la izquierda hasta la derecha. Las
líneas de acción están claras hace bastante tiempo.
Toda iniciativa es perfectible y hay mecanismos para aquello, pero no tenemos tiempo para
hacer una pausa en el camino de las soluciones. No necesitamos generar más reuniones.
Necesitamos que el Gobierno le ponga suma urgencia legislativa a esta discusión y envíe
las indicaciones que estime pertinente para debatirlas en el lugar que corresponde: el
Congreso Nacional.
Agradezco que se me haya considerado para participar en la comisión de infancia, pero como
Presidenta de la Cámara de Diputados, estimo que mi trabajo es asegurar que logremos la
mayor eficacia legislativa para la pronta implementación de las iniciativas ya en trámite, que
son plenamente coincidentes con las intenciones declaradas por el Gobierno.
Mi rol es fortalecer un debate que sea abierto y transparente en la Cámara de Diputados
y no mermar su institucionalidad. Valorando genuinamente la voluntad de diálogo
expresada, creo que debe darse en el marco que tiene nuestro sistema democrático, que es el
Congreso.
El deber del Gobierno es trabajar en conjunto con el Congreso para hacer realidad este
propósito común. Esa es la tradición de nuestra República y del espíritu democrático
que la fundamenta. Por ello no corresponde mi asistencia a la comisión convocada en
La Moneda por el gobierno.

Políticas especiales para las regiones extremas y territorios aislados

El principio de la descentralización, como marco conceptual para la política pública en Chile, un país geográficamente diverso, no se reduce solamente a la elección de autoridades o a la transferencia de competencias para las regiones y comunas.  Tiene su correlato también en la disposición de las políticas públicas para que se adapten a las condiciones y características propias de cada territorio, de acuerdo a sus peculiaridades geográficas, económicas y culturales.

En un país unitario como Chile, la diversidad de las regiones y el reconocimiento de esas diferencias, es parte del  delicado equilibrio necesario entre la unicidad de las políticas a nivel nacional y la regionalización y descentralización de las decisiones en los territorios y las comunidades.

Incluso en el sutil juego del lenguaje político, hay quienes pierden de vista que una cosa es “administrar” y otra cosa es “gobernar” un territorio, donde la primera acepción se limita a cumplir las políticas emanadas del nivel central y a gestionar los recursos que provienen de la capital, y otra cosa es ejercer el poder político y administrativo de decisión en términos de políticas públicas dotadas de recursos humanos y financieros, y de capacidades eficaces de control y evaluación de esas políticas.

La política pública, en un Estado moderno, implica un compromiso con la eficiencia, con la participación de la ciudadanía, con la adecuada asignación de recursos y con la capacidad de los servicios públicos para el buen diseño e implementación de programas y proyectos.

En Chile contamos con una tradición de políticas descentralizadoras, pero, acostumbrados al corto plazo y obnubilados por el inmediatismo de los programas de gobierno pensados para 4 años, olvidamos que -a través de elecciones y cambios de alternancia- el Estado sigue funcionando, que la administración sigue actuando conforme a protocolos, normas y procedimientos preestablecidos que aseguran la continuidad necesaria de las políticas, cualquiera sea el gobierno que asume.

Y a través de esa continuidad, la realidad de las regiones extremas y de los territorios aislados sigue presente: las comunidades continúan reclamando que las decisiones se tomen en las propias regiones y comunas, los ciudadanos siguen demandando y esperando que los recursos y las políticas no dependan de una oficina en Santiago, para que los proyectos se realicen.

El aislamiento, la desigualdad territorial y las dificultades de conectividad que experimentan las personas, las familias y las comunidades, especialmente en las regiones extremas como Arica Parinacota, Aysen y Magallanes, solo se resuelven con políticas públicas especiales que den cuenta de la diversidad geográfica, económica, social y cultural de los territorios.

En Chile, la historia de los gobiernos con mentalidad centralista es más larga y prolongada que la historia de los gobiernos con visión descentralizadora, porque al peso del centralismo en las instituciones del Estado se agrega el peso casi inamovible del centralismo instalado en las mentalidades, en la cultura, en las empresas y corporaciones, y en los partidos políticos.

Por ejemplo, en Chile existe desde hace casi una década una Política Nacional para Localidades Aisladas, con un contenido descentralizador, pero las decisiones principales de esa política se toman en Santiago.

Para enfrentar la enfermedad nacional del centralismo y los vaivenes originados en la alternancia pluralista y los cambios de gobierno, por ejemplo, las políticas especiales para el desarrollo de zonas extremas, debieran ser Políticas de Estado, basadas en itemes presupuestarios asignados totalmente a cada región para decisión regional, asociadas a fondos de infraestructura regionales de carácter estable y ajustadas a criterios de evaluación de proyectos de “costo-eficiencia”.

En realidad, la larga batalla por la descentralización no termina nunca.

Manuel Luis Rodríguez U.

Punta Arenas – Magallanes, abril de 2018.

Declaración del Grupo Banco Mundial sobre la auditoría de Doing Business-Chile

WASHINGTON, 28 de marzo de 2018 – El Banco Mundial confirmó hoy que ha comenzado la auditoría externa independiente sobre los rankings de Chile del informe Doing Business, luego de una serie de reportes mediáticos sobre los rankings en enero de 2018.

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La auditoría se está llevando a cabo por un equipo liderado por Randall K. Morck, Distinguido Presidente de la cátedra de Finanzas Stephen A. Jarislowsky y Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Alberta.

El equipo espera entregar los resultados preliminares a la Directora Gerente del Banco Mundial en abril de 2018, y terminar su reporte en junio de 2018.

El Banco Mundial planea hacer público un resumen de los resultados una vez finalizada la auditoría.

Texto del proyecto de ley que otorga un aporte unico de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas, por el Estado de Chile

Presentamos la versión original completa del proyecto de ley que otorga un aporte unico de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas, por el Estado de Chile, enviado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet al Congreso el 31 de enero de 2018.

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Este proyecto se encuentra actualmente en primer trámite legislativo en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados.

Lea y descargue aquí el proyecto de ley:

11.619-17 (Aporte reparatorio)

Los ciudadanos, la política y el Congreso

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