Texto de la ley que establece la elección directa de Intendentes (Gobernadores) Regionales

LEY NÚM. 20.990

DISPONE LA ELECCIÓN POPULAR DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL.

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Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de reforma constitucional

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

1) Sustitúyese, en el numeral 7° del artículo 32, la frase “intendentes y gobernadores;” por “delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales;”.
2) Introdúcense en el número 2) del artículo 52, las siguientes enmiendas:

a) Reemplázase, en el literal e) de su párrafo primero la expresión “intendentes, gobernadores” por “delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales”.
b) Agrégase en su párrafo cuarto, luego de la expresión “Presidente de la República”, la frase “o de un gobernador regional”.”.

3) Agrégase, en el párrafo tercero del número 1) del inciso primero del artículo 53, luego de la expresión “Presidente de la República”, la frase “o de un gobernador regional”.
4) Sustitúyese, en el numeral 2) del artículo 57, la locución “Los intendentes, los gobernadores” por “Los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales”.
5) Sustitúyese el artículo 111, por el siguiente:

“Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.
El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.
El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine, en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional.
El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al cuarenta por ciento de los votos válidamente emitidos, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente.
Si a la elección del gobernador regional se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere al menos cuarenta por ciento de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley.
Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.
La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo de gobernador regional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125.”.

6) Derógase el artículo 112.
7) Modifícase el artículo 113, en la siguiente forma:

a) Intercálanse como incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos, los siguientes:

“El consejo regional podrá fiscalizar los actos del gobierno regional. Para ejercer esta atribución el consejo regional, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales presentes, podrá adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al gobernador regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro de treinta días.
Las demás atribuciones fiscalizadoras del consejo regional y su ejercicio serán determinadas por la ley orgánica constitucional respectiva.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier consejero regional podrá requerir del gobernador regional o delegado presidencial regional la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo señalado en el inciso tercero.”.

b) Suprímese su actual inciso quinto.

8) Reemplázase, en el artículo 114, la expresión “podrá transferir” por “transferirá”.
9) Intercálase, a continuación del artículo 115, el siguiente artículo 115 bis:

“Artículo 115 bis.- En cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la región, en conformidad a la ley. El delegado presidencial regional será el representante natural e inmediato, en el territorio de su jurisdicción, del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República.
Al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.”.

10) Modifícase el artículo 116, en los siguientes términos:

a) Sustitúyese su inciso primero, por el que sigue:

“Artículo 116.- En cada provincia existirá una delegación presidencial provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional, y estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. En la provincia asiento de la capital regional, el delegado presidencial regional ejercerá las funciones y atribuciones del delegado presidencial provincial.”.

b) Efectúanse, en el inciso segundo, las siguientes enmiendas:

i. Sustitúyese la voz “gobernador” por la expresión “delegado presidencial provincial”.
ii. Reemplázase la palabra “intendente”, las dos veces que aparece, por la locución “delegado presidencial regional”.

11) Modifícase el artículo 117, del modo que sigue:

a) Reemplázase el vocablo “gobernadores” por “delegados presidenciales provinciales”.
b) Sustitúyese la palabra “delegados” por “encargados”.

12) Sustitúyese el artículo 124, por el siguiente:

“Artículo 124.- Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.
Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal, delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial serán incompatibles entre sí.
El cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley. Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.
Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional electo cesará en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe.
Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.
Ningún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.
En caso de ser arrestado algún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.
Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.

13) Introdúcense, en el artículo 125, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “los cargos de alcalde” por “los cargos de gobernador regional, de alcalde”.
b) Reemplázase, en el inciso tercero, la locución “el cargo de alcalde” por “el cargo de gobernador regional, de alcalde”.

14) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 126, la palabra “intendente” por “gobernador regional”.
15) Agrégase, como disposición vigésimo octava transitoria, la siguiente:

“VIGÉSIMO OCTAVA.- La primera elección por sufragio universal en votación directa de los gobernadores regionales se verificará en la oportunidad que señale la ley orgánica constitucional a que aluden los incisos cuarto y quinto del artículo 111 y una vez promulgada la ley que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de las competencias a las que se refiere el artículo 114.
El período establecido en el inciso segundo del artículo 113 podrá ser adecuado por la ley orgánica constitucional señalada en los incisos cuarto y quinto del artículo 111 para que los períodos de ejercicio de gobernadores regionales y consejeros regionales coincidan. Esta modificación requerirá, para su aprobación, del voto favorable de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Una vez que asuman los gobernadores regionales electos, los presidentes de los consejos regionales cesarán de pleno derecho en sus funciones, las que serán asumidas por el respectivo gobernador regional.

Los gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional. Las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponda. Asimismo, las funciones y atribuciones que las leyes entregan al gobernador se entenderán atribuidas al delegado presidencial provincial.
Mientras no asuman los primeros gobernadores regionales electos, a los cargos de intendentes y gobernadores les serán aplicables las disposiciones constitucionales vigentes previas a la publicación de la presente reforma constitucional.”.”.

     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 29 de diciembre de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Gabriel de la Fuente Acuña, Ministro Secretario General de la Presidencia (S).
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

Acusan que en el Senado se pretende boicotear proyecto de elección directa de Intendentes Regionales

Tras la negativa de algunos senadores para que hoy funcionara la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias por la reforma constitucional que permitirá elegir a los gobernadores regionales, el diputado de la DC, Marcelo Chávez, acusó un “boicot del Senado para frenar esta reforma señalando que “aquí existe una especie de manto de silencio, porque nadie quiere acusar ni a uno ni a otro respecto de su actitud, pero lo cierto es que quieren frenar una reforma que busca descentralizar y trasladar el poder a regiones “.

SALA SENADO CONGRESO NACIONAL VALPARAISO
SALA SENADO CONGRESO NACIONAL VALPARAISO

Chávez agregó que “lo que queremos denunciar los tres diputados pertenecientes a la comisión mixta que representamos a la cámara en este proyecto de ley, es este boicot, este freno que en forma reiterada han intentado aplicar los senadores “.

Precisó, además, que “aquí no hay voluntad para avanzar en torno a esta reforma constitucional y hoy día se han roto las reglas del juego limpio que en la mañana solicitamos y que, la misma presidenta de la comisión, la senadora Ena Von Baer, comprometió: su disposición a que esta comisión iba a funcionar en paralelo a la sala y, posteriormente, cada senador saca las castañas con la mano del otro. Y eso es lo que queremos denunciar  con mucha fuerza, puesto que creemos que no es actuar de buena manera.”

Finalmente, el diputado DC señaló que “hoy día, algunos senadores no han estado a la altura de lo que corresponde entre el juego democrático y el entendimiento entre la cámara de diputados y el senado y lamentamos esta decisión que va a significar que esta comisión mixta tendrá que funcionar nuevamente a la vuelta de la semana distrital, lo que significará retardar la posibilidad de que las regiones elijan a sus intendentes.”

Cámara de Diputados despachó al Senado proyecto de ley de reforma al Código de Aguas

La iniciativa (boletín 7543) fue ampliamente analizada en tres comisiones: Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda, antes de presentarse en la Sala de la Cámara. Sus líneas centrales son: reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; reconocer las diversas funciones que el vital elemento pueda cumplir; permitir al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

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Los derechos de aprovechamiento, que se otorgan en función del interés público, podrán ser limitados en su ejercicio. Se define un límite de 30 años para el goce de la concesión, aunque ello será conforme a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, por lo que la autoridad puede definir un plazo menor.

La propuesta también expresa que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares y que, en el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

La reforma pone el uso para consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento como la principal función para el agua. A estos criterios deberá atenerse la Dirección General de Aguas (DGA) para priorizar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

En línea con lo anterior, el proyecto establece que, para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas.

Asimismo, se determina que el Estado deberá resguardar que exista un caudal suficiente en las fuentes naturales, para velar por las funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial de las aguas. En concordancia con esto, se faculta a la DGA para limitar los derechos de aprovechamiento y constituir reservas de agua, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones de uso temporal.

Las concesiones temporales no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse para fines distintos de los que se tuvieron a la vista para su otorgamiento, bajo sanción de caducidad por el solo ministerio de la ley.

Debate

Durante el debate, el diputado Jorge Rathgeb (RN) señaló que es un proyecto deficiente, puesto que no aborda la diversidad de clima y territorio que existe en Chile. “No podemos pretender que una sola norma reglamente una realidad tan distinta”, sostuvo. “Esta norma pasa a ser deficiente en su origen y en su modificación, y por lo tanto tenemos que ir buscando alternativas que puedan ir abocando cada una de las realidades, donde las modificaciones sean para optimizar el uso adecuado”, tecnificando el uso del agua, concluyó.

La diputada Alejandra Sepúlveda (Ind), recalcó que “los agricultores no van a perder sus derechos de agua porque están inscritos, y menos los pequeños agricultores. Los que van a perder son los que no ocupan el agua y que tenemos el listado completo: son 9.180 que pagan patente y que hoy día tienen que devolver el agua”.

El diputado Ramón Barros (UDI) indicó que nadie está en contra de establecer claramente que el agua potable es un derecho humano, pero es el 1% del total de agua que se utiliza. El legislador indicó que como sociedad no hemos sido capaces de impulsar un plan de embalses grandes, medianos y pequeños. “Mientras no seamos capaces de embalsar el agua que se pierde en el mar o una parte pequeña de aquello, vamos a estar en problemas”, aseveró.

El diputado Matías Walker (DC) reafirmó que “esta reforma mantendrá vigentes los derechos indefinidos de aprovechamiento ya constituidos con anterioridad”. Al respecto, aclaró que “la incorporación de causales de caducidad y distinción de los derechos de aprovechamiento no priva a ninguna persona de la titularidad de su derecho en la medida que inscriba su título en el registro conservatorio competente y haga un uso efectivo del mismo”.

El diputado Enrique Jaramillo (PPD), manifestó que “el agua abarca una importancia de nivel mundial para el consumo humano. Por la protección de las fuentes de agua dulce, dejemos que la naturaleza actúe y hagamos todo con el fin de apoyar que los aprovechamientos no se mantengan en manos ociosas. Nuestro país se encuentra muy atrasado en asegurar el uso y suministro de agua a toda la población”.

La diputada Denise Pascal (PS) precisó que “queremos cambiar el derecho a que el agua sea utilizada como corresponde por quien la tiene y que no la use como un sistema de especulación. Sabemos que hay agricultores serios, que usan sus aguas para riego y dan trabajo, los felicitamos, pero también sabemos que hay gente que especula y eso hay que reconocerlo”.

El diputado Daniel Núñez (PC) sostuvo que “se ha especulado mucho respecto de los alcances de esta reforma. Quiero decir que esta reforma lo que está pretendiendo hacer es un uso racional del agua, poner término a la especulación. Queremos evitar que ocurra hoy día lo que ocurre con derechos no consuntivos, que son solicitados por un privado y no son ocupados y que quedan en la especulación”.

El diputado José Pérez (PRSD) destacó la importancia del proyecto. “No cabe duda que el agua es un bien nacional, de uso público y que hay que cuidar, por eso tenemos que ser cuidadosos, no se trata de quitarle el agua a nadie, sino de que se use bien. Hemos planteado la necesidad de construir embalses que sirvan para satisfacer necesidades. Los derechos de agua inscritos no tienen modificación y siguen siendo definitivos”, acotó.

El proyecto de ley que reforma el Código de Aguas fue enviado al Senado, donde deberá analizarse en segundo trámite constitucional.

Sala de la Cámara de Diputados vota proyecto de reforma al Código de Aguas

El proyecto que reforma el Código de Aguas, ya presentado en la Sala en sesiones anteriores a través de los informes de las Comisiones de Recursos Hídricos, de Agricultura y de Hacienda, encabeza la tabla de la Cámara de Diputados para este martes 22 de noviembre.

aguasLa propuesta legal (boletín 7543) tiene los siguientes objetivos generales: reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; reconocer las diversas funciones que esta puede cumplir (social, de subsistencia, ambiental, productiva, etc.); generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

Entre las normas planteadas, se determina que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Bajo este precepto, se establece que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

La iniciativa, además, regula la función ambiental, escénica, paisajística y social de las aguas; así como también su función productiva, para lo cual se otorgarán derechos de aprovechamiento, los cuales son regulados en su forma y procedimiento de solicitud, mantención, pago de patentes y caducidad.

Estos derechos de aprovechamiento, otorgados en función del interés público, podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad a las disposiciones de este Código. En este marco, por ejemplo, se define un límite de 30 años para el goce de la concesión, aunque se advierte que ello será conforme a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda. Así, en línea con lo anterior, se permite que la autoridad definir un plazo menor.

La propuesta también manifiesta que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares y que en el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Luego, se señala que las aguas cumplen diversas funciones, tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento; la de preservación ecosistémica; o las productivas. En todo caso, se remarca que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. La Dirección General de Aguas (DGA) se sujetará a esta priorización.

En línea con la norma recién señalada, el proyecto establece que, para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas.

Asimismo, se determina que el Estado deberá resguardar que exista un caudal suficiente en las fuentes naturales, para velar por las funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial de las aguas. En concordancia con esto, se faculta a la DGA para limitar los derechos de aprovechamiento y constituir reservas de agua, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones de uso temporal.

El proyecto también agrega varios artículos al Código de Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances de las concesiones de uso temporal. Al respecto, se establece -en síntesis- que estas concesiones no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse para fines distintos de los que se tuvieron a la vista para su otorgamiento, bajo sanción de caducidad por el solo ministerio de la ley.

Finalmente, en materia financiera, se establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas y, en lo que falte, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la ley de Presupuestos del Sector Público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos para el Sector Público.

En todo caso, conforme a lo indicado en el informe financiero y a lo señalado por la DGA, el gasto proyectado es de $2.700 millones y estará destinado, principalmente, para la regularización de títulos de derechos de aprovechamiento, la instalación de software, la contratación de consultorías externas y la contratación de abogados, para la eventualidad de las reclamaciones.

Cabe mencionar que la tabla de mañana también contempla, en un segundo lugar, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto (boletín 10744) que permite a los profesionales de la educación, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley 20.822.

La crisis de valores, juego de máscaras – Camilo Escalona

No cabe duda, hay una crisis de valores que afecta gravemente a la política, que aumenta la desafección y la hace impopular, y dedicarse a ella más impopular todavía, de tal realidad surgen conductas que agravan aún más la situación como la creencia que se debe ser político y hacer política sin reconocerlo.

Tal pretensión es un fraude, son personas que el conjunto de sus actividades, incluso la remuneración mensual, dependen de la política, pero para ellos los políticos son otras personas, entes ajenos, se desdoblan en individuos separados; esa es una forma reiterada de eludir y desviar la responsabilidad política que corresponde a cada cual. Esta forma de actuar está en el centro de la crisis de valores que daña la política.

Para hacer política sin reconocerlo, hay quienes crean organismos que disimulan esta treta, levantando “paraguas”, en especial, organismos o fundaciones que actúan como partidos políticos paralelos de sus controladores o financistas, que además burlan la ley tributaria ya que pagan costosos voceros, analistas y colaboradores presentando esos gastos como donaciones para entidades sin fines de lucro, lo que permite eludir el pago de los impuestos respectivos. En el hecho, se trata de privatizar la política, a través de verdaderos partidos de propiedad personal. La entidad del ex Presidente Piñera, Avanza Chile, ilustra bien ese tipo de situaciones.

Hay también personeros políticos que arman y desarman grupos de corta existencia, de modo de contar con una plataforma que les permita inscribir candidaturas de amistades o parientes, sin ningún tipo de respeto a la ciudadanía, pensando en el más exclusivo y directo interés personal. Hacen y deshacen el grupo o Partido en que participan como si se tratara del nudo de la corbata cada mañana.

El “yo” de algunos es tan grande que en lugar de formar parte o militar en un partido, se fabrican uno a la medida, los “visten”, los usan como la prenda que está de moda. Ha surgido un “nuevo tipo” de político, aquel que entiende el perfil individual como desfachatez y la proyección personal como apetitos sin límite, al punto qué comienzan su trayectoria en la acción política proclamando su candidatura a la Presidencia de Chile.

Lo mismo pasa con ciertos proyectos presidenciales, se suben y bajan como simple expresión de actores individuales que entran y salen de un carrusel de ambiciones personales, y no como la vigencia y permanencia de un proyecto país que se traduce en una alternativa política.

Aunque lo más alejado del propósito de dirigir el Estado sea la exhibición de “envases”, hay quienes llegan al punto de confundir la exposición de ideas con una actuación para la ocasión. Por ese camino fácil, de adular al interlocutor en cada caso, la política renuncia cada día que pasa a su misión, a su esencia de proponer políticas de Estado, opciones de sociedad y de agrupar las mayorías que puedan sustentarlas.

Desde la campaña de 1999, cuando un candidato audaz como Lavín se vistió de aymara, ahora todo puede pasar. La oferta demagógica es la que gana. Quince años después el lavinismo se impone, hoy lo que importa son los temas sin contenido, cáscaras que sean llamativas y ganen adherentes. La idea que impera es ganar la “cuña” del noticiero, pero el mensaje es vacío.

Hay otros que tanto hablan contra las cúpulas partidistas habiendo sido parte de ellas durante diez, quince, veinte o más años, sin dejar nunca de pertenecer a esas élites que se ataca y descalifica que da la impresión de un simple cinismo o un infecundo juego de máscaras.

Hay personas que dentro de sus Partidos hubieron de esforzarse arduamente para que les nombraran en las listas representativas de tales entes políticos en las organizaciones sociales de mayor alcance nacional, de modo especial, en la ardua tarea propia del mundo sindical. Hacen un esfuerzo encomiable por sus ideas y sus Partidos que, objetivamente, no se puede desconocer.

Pero, una vez en los cargos se vuelven “autónomos” y pasan a distinguirse por un ataque fácil y panfletario, que alimenta rencores más propios de la ultra derecha, contra la política que de las fuerzas de izquierda. Llegan a distinguirse en la aversión a las fuerzas organizadas. A la postre no hay ningún escrúpulo en hacerse parte de los slogans anarcos, cuyas raíces son más propias del fascismo que de la izquierda. Y se excusa con la falsa afirmación que todo se hace “defendiendo a los trabajadores”.

Hay muchos políticos que no se hacen cargo de sus hechos y conducta, cayendo en un “discurso” insostenible. Es el caso del ex Presidente Piñera, quien hace declaraciones públicas que indican que deben desaparecer los paraísos fiscales, es decir, aquellos Estados que prestan sus fronteras para proteger el negocio especulativo, sin tener que rendir balances ni aceptar controles o fiscalizaciones que les obliguen a pagar impuestos o dar cuenta de ilícitos como puede ser un delito tan grave como el lavado de dinero.

Sin embargo, en el sentido contrario a sus dichos, el holding personal y familiar, desde el que operan sus activos de miles de millones de dólares, radica en Islas Vírgenes, un símbolo de lo que es un paraíso fiscal, desde el que se ha burlado la legislación de decenas de Estados nacionales durante muchas décadas.

De la mano de estos “renuncios” a principios básicos de la ética política, camina el fenómeno de ofrecer un envase sin importar el contenido, lo que genera una acción política en que se acentúa el exclusivo afán de poder y la ansiedad por los cargos en que se expresa la pugna de los grupos en disputa. Así no se puede seguir. Las alternativas de gobierno tienen que ser algo más que celofán para una buena venta en el comercio.

La captura del Estado y que se extienda la corrupción es el mayor peligro que enfrenta la democracia en nuestro continente, esa es la tarea de las tareas, la derrota de los grupos corporativos y de interés que pueden imponer sus propósitos subalternos.

En ese ámbito, es válida la crítica de una conducta más que de una idea, de ciertos activistas gremiales que ven en el Estado un botín, un limón que se debe exprimir al máximo, hasta la última gota, en bonos, reajustes, vacaciones u otras granjerías de alto costo y alcance.

Ese fenómeno ha pasado muchas veces, bajo gobiernos que postulan alguna alternativa de Estado social, es propio de la tecno burocracia, que ha hundido tantas experiencias que se propusieron avanzar en mayor inclusión social en las que, indebidamente, los niveles medios y altos de la burocracia toman para sí una parte mayor de la riqueza social que les toca recibir de acuerdo a las condiciones de cada país.

Estas son hábitos difíciles de superar, por lo que dignificar la política resulta ser una meta de largo plazo; entre tanto afán de figuración personal, boletas, jubilazos y fraudes al Fisco en diferentes reparticiones públicas, ese es el gran desafío a resolver: si desde el sistema político habrá voluntad suficiente para revalidar y legitimar su rol de conducción del Estado o si ya es demasiado tarde y esa labor esencial quedará a la espera que otros actores puedan realizarla más adelante.

Los ciudadanos, la política y el Congreso

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