La incongruente pretensión territorial de Bolivia – Alonso Escobar

El profesor Mario Arnello, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, solía decir en clases, que “no existen países amigos, sino que intereses en común”; lúcidas palabras de raíz europea, que nos explican que tampoco existen países enemigos, sino que intereses contrapuestos; pero que fácil se olvida estos principios básicos de las relaciones internacionales en un sector de la sociedad chilena, al abanderarse con ideas ajenas que abiertamente pueden perjudicar los intereses nacionales.

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Esta columna no se trata de Derecho, sino de sentido común; casi todos los países del Mundo consolidaron sus fronteras por la vía violenta, jamás ha sido un argumento la victimización del vencido; la política exterior no es un juego de cartas, ni es un mero juicio en tribunales salomónicos como La Haya, en donde las naciones dignas jamás se someten (Argentina y Brasil), política que es peligrosamente belicista, desconociendo la soberanía de las naciones, los tratados de límites y la estabilidad fronteriza.

Bolivia nunca nació con acceso al Mar; perdió territorio con la totalidad de los países que comparte frontera, en el que solo un 11% corresponde a nuestros; ha enfrentado conflictos no solo con nuestro país, sino que también con Paraguay, Perú, Brasil y Argentina; este último le declaró oficialmente la guerra apenas se formó la confederación del Mariscal Santa Cruz, apropiándose posteriormente de la zona de Salta y gran parte de lo que hoy es el Norte trasandino. Paraguay le quitó por la vía armada gran parte del Chaco; en esta última, militares chilenos en su gran mayoría de tendencia de izquierda, provenientes de la República Socialista, participaron en la causa boliviana; cuya memoria no ha sido honrada ni por el progresista Evo Morales.

Brasil quizás refleja la mayor inconsecuencia de la hostil política boliviana hacia nosotros; perdieron casi el 50% de su territorio con los cariocas, el acceso a gran parte del Amazonas, Mato Groso y el Acre, que le daba vía al océano Atlántico, enfrentándose hasta 1903; es decir 20 años después de la Guerra del Pacífico y un año antes del tratado que pretenden desconocer de 1904; ¿Por qué Bolivia no es coherente en su trasnochado irredentismo molestando a Argentina, Brasil y Paraguay? ¿Por qué a los niños bolivianos no les enseñan en las escuelas a odiar a sus otros vecinos como lo hacen con nosotros?

Porque estratégicamente somos el país más débil, de más fácil acceso marítimo, y más fácil de aislar mediante embustes, por medio de la victimización de su pobre desempeño como nación, producto de sus propias incompetencias, y en donde no tenemos ninguna responsabilidad; sin olvidar que es un excelente negocio político. De verdad molesta que nuestro aparato comunicacional, no explote al máximo estas brechas, bajo la amenaza de exigir desconocer todas las fronteras que posee Bolivia con sus otros vecinos, multilateralizando la situación como lo hacen los altiplánicos.

Es absolutamente incoherente reclamar por la entrega de los recursos naturales, sin defender el territorio nacional.

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Ingresa a trámite legislativo proyecto para modernizar la gestión pública

Previo a concluir el mandato de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo un proyecto (boletín 11598) que modifica diversos cuerpos legales, para modernizar la gestión pública e incentivar la productividad de la actividad económica.

La iniciativa legal, que corresponde al último proyecto de ley ingresado por el Gobierno a la Cámara antes del receso legislativo, pretende contribuir a incrementar la productividad de Chile, a través de mejoras en la gestión del Estado.

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La propuesta se basa en tres ejes fundamentales, el primero consiste en la simplificación de trámites y uso de tecnología. Con esto se busca masificar la firma electrónica avanzada, por lo que se introducen modificaciones que permitirán que miles de trámites que se realizan de manera presencial se inicien y terminen en línea.

Dichos cambios ayudarán a reducir los costos de acceso a esta forma y la integración de estos servicios a plataformas del Estado, de manera de realizar procesos 100% en línea, tales como constitución de empresas o finiquitos de trabajo.

Asimismo, se busca incrementar el uso de la tecnología en el Estado, fomentando su uso en procesos y servicios que este ofrece.

En línea con lo anterior, se pretende agilizar y mejorar los plazos de entrega de la patente provisoria comercial; modernizar la Dirección de Obras Municipales; y otorgar un fortalecimiento y modernización de Chile compra, entre otros.

El segundo eje corresponde a mejoras regulatorias para el fomento de la inversión y las exportaciones. En este aspecto, se busca realizar adecuaciones a procedimientos tributarios e incluir una serie de mejoras para promover la inversión y el comercio exterior. Para ello, se modifican y aclaran normas relacionadas, por ejemplo,con la exención del IVA por importación de bienes de capital y la devolución del IVA exportador, lo que beneficiará tanto a inversionistas nacionales como extranjeros que invierte en proyectos a desarrollarse en Chile.

Por otro lado, se busca fortalecer el sistema integrado de comercio exterior, por lo que se introducen normas que masifican su uso y facilitan la interconexión con sistemas de comunidad de puerto.

El tercer eje busca el fortalecimiento del mercado financiero, para ello se establecen estándares globales y consistencia financiera, introduciendo modificaciones que promuevan la integración, desarrollo y profundización del mercado financiero local en línea con los estándares internacionales.

En este aspecto, se da reconocimiento a principios de segregación y portabilidad de operaciones y garantías; se permite intercambio de información de derivados; y se mejora el sistema de gestión de riesgo de entidades de depósito y custodia de valores.

Por este contexto, se profundiza el mercado de capitales, incrementando la gama de productos que podrán ser objeto de transacción en las bolsas de productos agropecuarios; se precisa la responsabilidad de los corredores de bolsas de productos; y se establece que los registros de productos y de entidades certificadoras sean llevados por la misma bolsa de productos.

Por último, se pretende realizar un impulso al capital de riesgo, permitiendo la participación de Corfo, junto a otros aportantes de capital en fondos de inversión de manera de atraer y facilitar la participación de inversionistas institucionales en los fondos de capital de riesgo de etapas tempranas, y se mejoran los procesos de liquidación de fondos de capital de riesgo en los cuales la Corfo otorga financiamiento.

Una vez que se dé cuenta en Sala, el texto será analizado por la Comisión de Economía.

Texto del discurso de la Presidenta Michelle Bachelet en acto entrega subsidios habitacionales, Punta Arenas, 29 de enero de 2018

S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, participa en ceremonia de entrega de subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

Amigas y amigos:

Es una tremenda alegría volver a estas tierras australes, poder compartir con ustedes, llevarse como siempre ese cariño y afecto magallánico que me han hecho sentir cada vez que he visitado estas tierras en estos cuatro años y también en mi primer Gobierno. Un cariño que he sentido aquí en Punta Arenas, en Porvenir, Natales, Williams, Primavera, y también en Cerro Sombrero.

Hoy puede que sea mi última visita a la región como Presidenta. Y es una tremenda satisfacción hacerlo para compartir este momento tan importante y esperado por estas 262 familias, que hoy reciben los subsidios de las que serán sus futuras casas. Hoy un sueño se empieza a hacer realidad para estos cuatro Comités de Vivienda: “Brisas del Sur 3”, “Pioneros 2”, “Vista Monte Sarmiento” y “Vista Monte Fenton”.

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Pero, sobre todo, porque estamos hablando de viviendas y departamentos que cumplen con los más altos estándares de calidad, que se han diseñado pensando específicamente en lo que se necesita para vivir en la región, con el clima que todos sabemos, pero que cada vez que yo vengo como que se mejora el tiempo, entonces, siempre yo digo -en broma, claro- “puchas, se quejan de más, mire qué cosa más linda el tiempo”. No. Pero sabemos cómo es acá: sabemos que en un mismo día en Porvenir puede tener cuatro estaciones uno, por ejemplo.

Porque sabemos que no podemos construir las mismas viviendas acá que en el norte del país. Y ésa es una de las cosas importantes que hemos hecho en materia de política habitacional: que sea más flexible, para dar respuesta a la enorme diversidad de requisitos que tenemos en nuestro país.

Que consideren la importancia de la cocina magallánica, de las chifloneras, de la vista al estrecho. Que sean viviendas que respetan y preservan la identidad patagónica, sus costumbres, sus modos de habitar.

Estas familias -que hoy día aquí nos acompañan- serán en un futuro próximo los nuevos vecinos de la zona sur de la comuna. Claro que ahora es todo muy diferente a como fue hace 7 décadas, cuando las primeras familias que venían de Chiloé se instalaron en estos terrenos y empezaron a armar la Población 18, esos hombres y mujeres que a punta de pala, serrucho y martillo levantaron sus hogares.

Los barrios que surgirán a partir de estos conjuntos habitacionales estarán bien ubicados, cerca de colegios, supermercados, gimnasios, multicanchas, al Complejo Deportivo Barrio Sur y al Parque María Behety. Y también al nuevo Parque Urbano Manuel de Salas, que vendrá a sumar una nueva área verde para ese sector.

Es decir, van a vivir en una zona consolidada, con buenos servicios y conectividad.

Porque ése fue nuestro compromiso con la región y con el país. Construir más viviendas, pero de calidad, ajustadas a la realidad de cada territorio, bien ubicadas, con servicios cerca y con conectividad.

Porque, más que viviendas tan sólo, lo que hemos tratado de hacer es construir hogares acogedores en barrios amables, donde las familias inicien esta nueva etapa con las mejores condiciones, con la certeza que los niños podrán ir al colegio, a la sala cuna cerca, que no habrá que recorrer toda la ciudad en busca de atención de salud, que habrá buen transporte para moverse a diario al trabajo o la escuela.

Y con orgullo podemos decir que hemos cumplido. Más de 5 mil 200 familias de la región, durante este Gobierno habrán accedido a una vivienda financiada con subsidio habitacional del Estado. De ellas, una de cada cuatro (25%) son proyectos de integración social.

Fíjense, yo les dije “5 mil 200 familias” ¿saben ustedes cuál era la meta que teníamos al principio? Era alcanzar 600 viviendas por año -aquí está feliz el Seremi ahí, sonríe-  y hemos logrado construir casi el doble. Y ésa es la envergadura del logro, del alcance del esfuerzo regional en materia de política habitacional. Así que yo creo que se merecen un aplauso.

Pero a esto, hay que sumar más de 6 mil 300 familias, que habrán mejorado, ampliado o adaptado su vivienda con subsidio del Estado.

Mujeres como doña Gabriela Paterito, de Puerto Edén, descendiente Kaweskar, que hoy ve su vivienda mejorada, con una ventana que le permite ver el mar, esa petición tan sencilla que ella hizo en su momento, pero tan importante para su cultura canoera.

Así los habitantes de las diferentes comunas de la región, los Kaweskar, los Yaganes en Puerto Williams, han visto como mejora su calidad de vida, al mejorar su hábitat, pero a partir de los que, para ellos, es importante.

Y yo creo que ése ha sido el lazo esencial que creamos con la Región de Magallanes durante este Gobierno. Aprendimos a escucharnos, a trabajar juntos, a respetar la voluntad magallánica, a trabajar por concretar sueños largamente anhelados por sus habitantes.

Y eso justamente ha sido el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, porque no fue algo que a nosotros se nos ocurrió desde Santiago, fue algo que aquí trabajaron. Una nueva manera de relacionarnos con nuestras regiones, en el extremo sur y en el extremo norte. Entender que las dinámicas son diferentes, que los proyectos no se pueden evaluar con los mismos criterios que en Santiago, que la voz local es la primera que tiene que ser escuchada.

Tan importante, a mi juicio, como el monto de las inversiones y el tipo de inversiones es la manera cómo se creó este Plan Especial. Así se acordaron 37 proyectos y tomamos la decisión de invertir casi 500 mil millones de pesos en lo que Magallanes ha priorizado, y éste es un hecho único en la historia de esta región. Así, con el apoyo de este Plan y de las inversiones regionales y nacionales, Magallanes está dando un salto cualitativo de primera importancia para su futuro.

Ya lo comenté en vivienda. Pero también lo comentaba el intendente, ha sucedido en salud: los tres hospitales comprometidos -Natales, Williams y Porvenir- están terminados, y eso significa que esta región cuenta con su red hospitalaria totalmente modernizada.

Y no es sólo una infraestructura maravillosa, preciosa, sino que también con mayor capacidad resolutiva, con más especialistas, en fin, lo que la gente necesita.

A este esfuerzo han sumado la prioridad regional de ampliar la red de atención a las personas con discapacidad, con el Centro de Rehabilitación, buscando dar atención universal y gratuita en materia de rehabilitación.

En materia de conectividad -un aspecto que es clave para cualquier región extrema- se ha avanzado por aire, mar y tierra. Con importantes inversiones en materia de puertos, aeropuertos y aeródromos, sendas de penetración y caminos. Pero también -ya ha sido mencionado- en conectividad digital, con el anhelado proyecto de Fibra Óptica Austral, ya adjudicado y que permitirá impulsar el desarrollo tecnológico tan necesario para la región.

Pero también lo vimos en los testimonios: Magallanes definió qué camino quería recorrer a futuro. Y con mucha claridad apuesta a ser un importante polo de desarrollo científico y de conservación de su rica biodiversidad, aprovechando su ubicación privilegiada respecto de la Antártica y las particularidades de su ecosistema.

Ahí están el Centro Antártico Internacional y el Centro Subantártico en Puerto Williams; y el Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG) en plena construcción. Y a ello se suma la creación del Parque Marino Diego Ramírez – Paso Drake, en Cabo de Hornos, que abarcará un área de 140 mil km2 y aumentará a un 43% la superficie marina protegida del país, junto al recién creado Parque Marino de Juan Fernández.

Y quiero contarles una buena noticia, que viene a profundizar y hacer realidad esta vocación de desarrollo sustentable y participativo de la Región de Magallanes. Nosotros venimos de Cochrane que, en el marco de la ampliación de la Red de Parques de la Patagonia, firmamos cinco decretos de parques nuevos o ampliándolos, firmamos también el decreto que crea el Parque Nacional Kaweskar, que con sus casi dos y medio millones de hectáreas será el segundo parque más grande de todo el país.

Ha sido un largo proceso, con plena participación de las comunidades y previa consulta indígena. Con este fin hemos ampliado y reclasificado como parque la Reserva Nacional Alacalufes. Acogimos diversas propuestas formuladas por las comunidades Kaweskar participantes de la Consulta Indígena, como entre otras cosas querían que el nombre del parque fuera el que es, y la participación del pueblo Kaweskar en su administración junto a CONAF. Van a tener que armar una instancia sin fines de lucro, que va a permitir coadministrar con CONAF este parque nacional.

Pero además, porque yo sé que hay alguna gente que está interesada, el ministro Mena pronto vendrá acá a trabajar en el expediente para la eventual Área Marina Protegida de Múltiples Usos, que también ha sido una petición pero que se va a trabajar como corresponde.

Éste es un nuevo ejemplo de nuestro compromiso hasta el final por caminar junto a las regiones, con sus comunidades en crear futuro, pero que sea un futuro sustentable para todos. Quiero agradecer el gran aporte a la protección de nuestra biodiversidad que está haciendo la Región de Magallanes, CONAF, los Ministerios de Medioambiente y Bienes Nacionales, así como la activa participación del Pueblo Kaweskar en el proceso de Consulta.

Amigas y amigos:

En estos cuatro años de trabajo conjunto, yo creo que los resultados en la región están a la vista. Y esto nos llena de orgullo y de satisfacción, porque la tarea está bien hecha, pero por sobre todo porque son las personas -que es lo que a mí más me importa- las que se han visto directamente beneficiadas.

Son lo más de 2 mil 400 los y las jóvenes de la región que hoy estudian con gratuidad y la aprobación la semana pasada de los proyectos de educación superior son una gran noticia porque se define cómo va a ir incrementando la gratuidad, y sobre todo también el proyecto de fortalecimiento de las universidades estatales, como la UMAG. Y eso también va a ser un gran paso en la dirección de ir asegurando una educación pública de calidad.

Son casi mil nuevos cupos los que se han creado en educación parvularia, dando a los más pequeños de la región una oportunidad real de desarrollar al máximo su potencial y que sus madres puedan trabajar o estudiar tranquilas.

Es la reforma educacional que prometimos impulsar, y que con orgullo decimos: hemos cumplido. Aprobamos todos los proyectos de ley, tanto el de Inclusión, el de Nueva Carrera Docente, la así llamada Estructura Educacional, que antes se llamaba Desmunicipalización.

Creamos dos nuevas universidades estatales, la de Aysén y la de O’Higgins, y estamos en el proceso de construir 15 nuevos CFT estatales, que van a depender de las universidades estatales. Bueno, muchos más, lo que acabo de decir: educación superior y fortalecimiento de las universidades estatales.

Y ahora estamos avanzando también en el proyecto de ley de los asistentes de la educación, porque queremos que la reforma educacional sea sustantiva; y por cierto la cantidad de salas cunas, jardines infantiles, en fin.

Hemos cumplido. Pese a todas las dificultades, logramos sacar adelante un conjunto de proyectos que nos encaminan a ese Chile que queremos: un Chile donde el dinero deje de condicionarlo todo, donde nos levantamos como una sociedad con más derechos, con más solidaridad, con más voz, que quiere ser protagonista activa de su historia y que, en lugar de reproducir la inequidad, va camino de superarla, con oportunidades para cada hijo e hija de esta extensa y generosa tierra.

Quiero terminar agradeciendo a todos quienes han trabajado sin descanso en estos cuatro años para ver concretarse los sueños y anhelos de los magallánicos y magallánicas. A los funcionarios públicos, al intendente y sus equipos, a nuestros gobernadores que están aquí presentes, a las diferentes autoridades, y por cierto a los vecinos y vecinas de cada comuna de esta región austral.

Han sido 4 años de un trabajo colectivo sin parangón en la historia de Magallanes. Sé que no ha sido fácil, pero también sé que juntos seguiremos hasta el último día trabajando con la fuerza y el coraje de siempre, avanzando y consolidando avances que mejoran la vida en nuestra patria.

Así que muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes. Seguir leyendo Texto del discurso de la Presidenta Michelle Bachelet en acto entrega subsidios habitacionales, Punta Arenas, 29 de enero de 2018

Las reformas políticas en Chile, 2014-2016 – Libro

Reformas Políticas en Chile
2014-2016
Análisis y evaluación de las modificaciones al sistema político
chileno durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

En marzo del 2015, la Presidenta Michelle Bachelet anunció al país su compromiso de liderar un proceso de reformas legales e institucionales dirigidas a mejorar la calidad de la democracia, el fortalecimiento de los partidos políticos, la equidad de género en la política y los niveles de transparencia, en especial lo relativo a la compleja, pero indispensable relación entre el dinero y la política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios.

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Para el cumplimiento de este objetivo, la Presidenta Bachelet constituyó una Comisión Asesora denominada “Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción”, con el objetivo de analizar los principales problemas que afectan al sistema político chileno y proponer sugerencias de reforma. En mi calidad de experto en Derecho Electoral y en mi condición de Director Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, tuve el honor de ser miembro de dicho Consejo, a invitación de la Presidenta Bachelet, poniendo a disposición del Consejo Asesor Presidencial todos los recursos de IDEA Internacional en materia de conocimiento comparado, bases de datos y sistematización de buenas prácticas de otros
países de la región y del mundo.

Basados en las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial, y gracias al compromiso y liderazgo democrático de la Presidenta Bachelet, de los partidos políticos y del propio Congreso de Chile, y pese a la difícil coyuntura de ese momento, fueron capaces de alcanzar acuerdos dirigidos a mejorar las reglas de juego y el fortalecimiento de las principales instituciones políticas, incluyendo de manera principal los partidos políticos.

Las principales reformas políticas y electorales aprobadas durante este período incluyen la reforma al sistema electoral binominal, el voto de chilenos en el extranjero, la iniciativa de fortalecimiento y transparencia de la democracia, la equidad de género, la reforma a los partidos políticos y el Proceso Constituyente.

Lea y descargue el libro:

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Una legislación que controle la publicación de encuestas en períodos electorales – Propuesta

ANTE PROYECTO LEY SOBRE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ENCUESTAS ELECTORALES.

 I.- ANTECEDENTES.

Las encuestas políticas, electorales y de intención de voto se han convertido en poderosas herramientas socio-políticas para conocer estados de la opinión y producir efectos en la opinión pública.

A pesar del fracaso estrepitoso en la capacidad anticipatoria o de pronóstico de las encuestas de intención de voto en recientes casos de procesos electorales en el exterior, (referéndum sobre la salida o permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea o Brexit, elecciones presidenciales de 2016 en EEUU), estas mediciones y su publicidad a través de grandes medios de comunicación y redes sociales, conservan una poderosa capacidad de inducir estados de opinión pública que pueden determinar la intención de voto de amplios sectores de la ciudadanía y de los electores, especialmente de aquellos que se sitúan entre los indecisos.

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Las encuestas, la opinión pública y la ciudadanía.

La crítica principal que se observa en la opinión pública respecto de las encuestas electorales y en especial de las encuestas de intención de voto, es el deterioro de su capacidad predictiva, y por lo tanto, se deduce que la publicación de estos estudios en momentos críticos del período electoral podría distorsionar la decisión del ciudadano elector.

No obstante, los estudios de opinión política y electoral cumplen funciones importantes en el desarrollo del proceso político y en el funcionamiento de las instituciones en un sistema político democrático, proporcionando información para la toma de decisiones del elector.

Informan a los partidos y actores políticos sobre las demandas, necesidades y prioridades de la ciudadanía, arrojan luz sobre el estado de las percepciones de los ciudadanos respecto de las políticas públicas y permiten conocer las aspiraciones de los ciudadanos y electores respecto del futuro.

La literatura comparada establece, por otra parte, que a pesar de la creencia común respecto que los estudios de opinión durante una campaña electoral influenciarían decisivamente las actitudes y conductas electorales de los electores y su participación electoral, en realidad, influyen solo en aquellos casos donde la contienda electoral se muestra intensa e impredecible.  El “efecto bandwagon” que manifiestan las encuestas, tendría también efectos en la conducta electoral cuando un candidato supera por amplio margen el segundo contendor.

Otro factor significativo en el efecto de las encuestas sobre el electorado, es la cobertura mediática de que son objeto estos estudios y el modo cómo esa información mediatizada tiende a reflejar solo ciertos datos o aspectos, silenciando la calidad metodológica de cada estudio. Aquí debe tomarse en consideración también, el “efecto horse-race” que se produce cuando los medios presentan como ganador a un candidato, para ganar mayor audiencia, aunque las cifras de la encuesta indiquen otros resultados posibles.

El silencio mediático y la subestimación periodística respecto de los márgenes de indecisión del electorado, contribuye además a la distorsión antes señalada, dando como resultado que los titulares y enfoque de cobertura de los medios respecto de una encuesta publicada, pueden arrojar numerosas diferencias con los resultados reales del estudio.

No son los medios los culpables de distorsionar las encuestas, son responsables de publicar todos los resultados con la máxima objetividad y ecuanimidad posible.

Tampoco puede negarse que en realidad, las encuestas de opinión y las encuestas políticas y electorales son objeto de interés sólo para una minoría de ciudadanos.

En un espacio público caracterizado por la proliferación de organismos, medios de comunicación y plataformas que son susceptibles de elaborar, implementar y publicar y difundir estudios de opinión y estudios de intención de voto, así como la multiplicación exponencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones que pueden multiplicar su difusión, se hace necesario fijar una normativa que regule la publicación y difusión de dichos estudios.

Este proyecto se funda en la necesidad de legislar de manera de garantizar que la publicación de encuestas de carácter electoral no resulten en instrumentos de publicidad favorables a determinados candidatos y sectores políticos en desmedro de los demás actores políticos dentro de cada proceso electoral.

Las encuestas pre-electorales.

Según el Informe Encuestas Electorales. Experiencia Comparada ([1]) de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, “Las encuestas preelectorales tienen por objeto principal predecir quién será el ganador de la elección . Según la taxonomía de Salvador Moreno, entre las encuestas preelectorales se pueden distinguir las siguientes :

  • Imagen de candidatos, evalúa conocimiento y percepción de los votantes;
  • Intención de voto, estudios rigurosos sobre preferencias electorales;
  • Encuestas telefónicas, rápidas y de fácil acceso, pero muestrean sólo a personas con números telefónicos;
  • Encuestas periódicas realizadas en fechas fijas (tracking polls), sondeos sucesivos para llevar registro diario y utilizar promedios para estimar resultados;
  • Encuestas de diseño tipo panel, mide y sigue el cambio de comportamiento en un mismo grupo en distintos momentos, y por lo general respecto a las mismas preguntas;
  • Encuestas de seguimiento (follow up), encuesta corta, enfocada en pocos temas pero con mayor profundidad sobre reacciones a la campaña;
  • Encuestas de diagnóstico (early poll), larga en contenido y realizada justo antes o después de una elección
  • Encuestas comparativa (benchmark), mide temas o atributos en situaciones determinadas dentro de subgrupos del electorado.
  1. b) Encuestas postelectorales

Siguiendo a S. Moreno, las encuestas postelectorales pueden clasificarse en:

  • Conteo rápido, recolección voluntaria de datos provenientes de la observación directa del proceso electoral;
  • Encuestas de salida (a boca urna, exit polls), encuesta cara a cara realizada en el mismo lugar y día de las votaciones, cuya información se utiliza para hacer proyecciones y analizar patrones de votación .
  • Encuesta propagandística o seudo encuesta (push polls), prácticas que sin rigor científico, pretenden ser investigación legítima, pero cuyo propósito es manipular la opinión pública con fines estratégicos, mediante el uso de preguntas sesgadas, con propaganda para apoyar a un candidato o su postura política . Según Traugott y Lavrakas, el fin de éstas es transmitir información al encuestado a través de las “preguntas”, y así influir en la decisión de voto. La push poll es una encuesta agresiva u hostil que dirige subliminalmente al elector en contra de un adversario político, en procesos eleccionarios altamente competitivos.

Principios que fundamentan la regulación de la publicación y difusión de encuestas electorales.

Tres principios o bienes públicos están en la base del proyecto: la libertad de opinión y la libre decisión del ciudadano elector, el principio de la responsabilidad pública y el principio de transparencia.

El principio de la libertad de opinión y la libre decisión del elector.

El bien público a preservar con esta legislación es la garantía de la libre opinión y la libre decisión y elección de los ciudadanos en el marco de un sistema democrático, así como garantizar además, la igualdad de acceso de todos los competidores en el proceso electoral.

La legislación comparada tiende a establecer límites en cuanto a tiempo, metodología, patrocinio, financiamiento y contenido a los estudios electorales o de intención de voto, al tiempo que dan origen a una institucionalidad y un marco jurídico que se encarga de delimitar y supervigilar la difusión o publicación de encuestas de intención de voto.  Se registra además que en las normas legales de otros países, la publicación de estos estudios debe ser autorizada por un organismo público y su publicación indebida y no autorizada puede ser objeto de fuertes sanciones.

Establecer un marco normativo relativo a la publicación y difusión de encuestas y fije un marco regulatorio compatible con la libertad de opinión y la libertad de prensa en que se sustenta el Estado de Derecho, implica necesariamente crear un marco institucional que se haga cargo de supervigilar y fiscalizar el ejercicio de la publicación y difusión de estos estudios, de manera de incorporar información relevante acerca de diversos aspectos de responsabilidad pública por parte de las entidades que realizan y difunden tales sondeos.

El principio de la responsabilidad pública.

Las entidades patrocinantes y que realizan encuestas de opinión y en el caso de la especie, encuestas de intención de voto, cualquiera sea su estatuto jurídico y organizacional, son personas jurídicas que tienen determinadas obligaciones y responsabilidades ante la ley.

Para los efectos de este proyecto de ley, se define como responsabilidad pública de las entidades patrocinantes y productoras de encuestas de intención de voto, al “conjunto de deberes que esas entidades deben cumplir ante la ley y la institucionalidad respectiva, proporcionando información relevante, metodológica, actualizada y verificable acerca de la identidad, propiedad, patrocinantes, fuentes de financiamiento y metodología utilizada para el diseño y aplicación de cada encuesta de intención de voto.”

Para los efectos de este proyecto de ley, se define como “encuesta de intención de voto” a “una encuesta estadística o muestreo que tiene por objeto ofrecer una indicación cuantitativa, en una fecha determinada, de las preferencias e intención de voto de los electores en relación con determinadas pre-candidaturas y candidaturas en un proceso electoral específico.”

El principio de la transparencia en los procesos electorales.

El principio y valor de la transparencia se ha vuelto a instalar como un bien público deseable y exigible por la ciudadanía en una época caracterizada por la deslegitimación y descrédito de la clase política y de las prácticas e instituciones políticas.

La transparencia, entendida como el mayor y mejor conocimiento público de todos los procedimientos, normas, prácticas que tienen lugar en el espacio público y en el sistema político, se ha convertido en un valor ético central de la relación entre la ciudadanía y las instituciones políticas y en una exigencia cada vez mayor en el sistema democrático.

Se entiende que las instituciones políticas son transparentes cuando hacen pública, o entregan a cualquier persona interesada, información suficiente, actualizada, veraz y verificable sobre su funcionamiento, organización y procedimientos internos, sobre la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros, sobre los criterios con que toma decisiones, sobre la calidad de su aporte a la actividad pública que ofrece, sobre las actividades y el desempeño de sus directivos e integrantes.

Trasladado a la esfera de los procesos electorales, el valor de la transparencia se refiere a la condición que asegura que los ciudadanos puedan conocer suficiente y oportunamente, toda la información actual, de calidad y verificable relativa a los actores políticos que participan, y a los demás actores sociales, económicos y comunicacionales que intervienen e influyen en el proceso político y electoral.

Cuando no hay transparencia opera la desconfianza y la intuición.

En este sentido puede afirmarse que la transparencia en los procesos electorales puede ser un camino importante hacia el reestablecimiento de la confianza en la esfera pública y política.

La institucionalidad electoral en Chile y las encuestas.

Desde el punto de vista legal, el Servicio Electoral no tiene ninguna ingerencia en relación con la publicación de encuestas electorales.

En efecto, el Artículo 60 de la Ley 18.556 encomienda al Servicio Electoral:

“1) Administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, la elaboración y actualización de los padrones electorales y el acto electoral.

2) Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre campañas electorales y su financiamiento.

3) Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulen las actividades propias y ámbitos de acción de los partidos políticos, con pleno respeto por la autonomía de estos y su financiamiento.

4) Las demás materias que esta u otras leyes establezcan.”

Este proyecto de ley propone modificar la Ley Nº 18.556 incorporando un nuevo número 4 del artículo 60 otorgando al SERVEL la facultad de supervigilar la publicación y difusión de encuestas electorales o de intención de voto, en determinados períodos dentro del proceso electoral.

II.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objetivo general del proyecto de ley es el de establecer una normativa y una institucionalidad que regule la publicación y difusión de encuestas de carácter electoral con el propósito de que éstas contribuyan eficazmente a informar a los ciudadanos electores.

Un objetivo especifico del proyecto es evitar que la publicación de encuestas electorales influyan o perturben la libre determinación del cuerpo electoral.

Otro objetivo específico es establecer un marco de criterios de información metodológica e institucional para las instituciones que publican y difunden encuestas electorales de manera que transparenten a los ciudadanos electores las condiciones de elaboración de dichas mediciones.

Un tercer objetivo específico del proyecto es establecer las condiciones de publicación y difusión de toda encuesta electoral en relación con cada evento electoral.

III.- CONTENIDOS DEL PROYECTO.

Disposiciones generales.

El proyecto define la naturaleza de las encuestas de opinión política e intención de voto y establece que la presente ley rige para normar la publicación y/o difusión en todo el territorio nacional y en el espacio público, de toda encuesta cuyo contenido, preguntas y respuestas esperadas, tengan relación de manera directa e indirecta con determinado proceso electoral.

Establece además que la presente ley se refiere a las primarias y las elecciones de Presidente de la República, Senadores, Diputados, Consejeros Regionales, Alcaldes, Concejales y Gobernadores Regionales, tanto en primera como en segunda vuelta.

Se define además que se asimilarán a encuestas de intención de voto a todas aquellas operaciones de simulación de voto que se realicen a partir de los sondeos de intención de voto.

Se establece además que se considerarán también como encuestas de intención de voto susceptibles de ser regulados por esta ley, aquellos muestreos efectuados con fines pedagógicos y académicos por instituciones de la educación superior y organizaciones no gubernamentales, en el marco de sus respectivos proyectos o programas de investigación.   Se entiende que, por la naturaleza misma de la investigación científica, todo proyecto o programa de investigación que tiene por objetivo conocer la intención de voto de los electores respecto de un proceso electoral venidero, siempre tiene un carácter público.

Se definen para los efectos de esta ley, los conceptos de encuesta de intención de voto, responsabilidad pública, entidad responsable, entidad patrocinante y fuente de financiamiento.

Del contenido de las encuestas.

Se circunscriben al marco normativo de la presente ley las encuestas de intención de voto efectuados por organismos públicos y privados que se realicen y publiquen en relación con los eventos electorales siguientes: las primarias y las elecciones de Presidente de la República, Senadores, Diputados, Consejeros Regionales, Alcaldes, Concejales y Gobernadores Regionales, tanto en primera como en segunda vuelta.

De la fiscalización mediante el Servicio Electoral.

El proyecto de ley radica en el Servicio Electoral, a través de una Comisión Nacional de Encuestas de su dependencia, la facultad de conocer y fiscalizar la publicación y difusión de encuestas de intención de voto y otros instrumentos de recolección de datos en relación con procesos electorales venideros, así como la creación de un Registro público y actualizado de las entidades autorizadas a publicar y/o difundir tales estudios.

El proyecto propone modificar la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.556 incorporando una nueva letra i)  en el artículo Nº 90, el que otorga al Servicio Electoral la facultad de supervigilar la publicación y difusión de encuestas electorales, en determinados períodos dentro del proceso electoral.

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY.

Disposiciones generales.

Artículo 1º: Para los efectos de esta ley se define una encuesta electoral o de intención de voto a una encuesta estadística que tiene por objeto ofrecer una indicación cuantitativa, en una fecha determinada, de las preferencias e intención de voto de los electores en relación con determinadas pre-candidaturas y candidaturas en un proceso electoral específico.

Artículo 2º: La presente ley rige para normar la publicación y/o difusión en todo el territorio nacional y en el espacio público, de toda encuesta cuyo contenido, preguntas y respuestas esperadas, tengan relación de manera directa e indirecta con determinados procesos electorales señalados en esta ley.

Artículo 3º: La presente ley se refiere a las primarias y las elecciones de Presidente de la República, Senadores, Diputados, Consejeros Regionales, Alcaldes, Concejales y Gobernadores Regionales, tanto en primera como en segunda vuelta.   Se asimilarán a encuestas de intención de voto a todas aquellas operaciones de simulación de voto que se realicen a partir de los sondeos de intención de voto.

Artículo 4º: Se considerarán como encuestas de intención de voto cuya publicación y difusión es regulada por esta ley, aquellos muestreos efectuados con fines pedagógicos y académicos por instituciones de la educación superior en el marco de sus respectivos proyectos o programas de investigación.

Artículo 5º: Para los efectos de esta ley se define como responsabilidad pública y entidad responsable, a todo organismo público o privado que realice encuestas de intención de voto en relación con procesos electorales venideros, con la intención de publicarlas y/o difundirlas.   A su vez, se define como “entidad patrocinante” a cualquier organismo público o privado, con domicilio en Chile o en el extranjero que otorgue su patrocinio a la realización de encuestas de intención de voto para ser publicadas y difundidas en Chile. Se define como “fuente de financiamiento”, a todo organismo público o privado, nacional o extranjero, con domicilio en Chile o en el exterior, que entregue recursos económicos para financiar el diseño, la realización, publicación y/o difusión de encuestas de intención de voto en el territorio nacional.

Capítulo I: Del ámbito de aplicación de esta ley.

Artículo 6º: Se someten al marco normativo de la presente ley las encuestas de intención de voto efectuadas por organismos públicos y privados que se realicen y publiquen en relación con los eventos electorales siguientes: las primarias y las elecciones de Presidente de la República, Senadores, Diputados, Consejeros Regionales, Alcaldes, Concejales y Gobernadores Regionales, tanto en primera como en segunda vuelta.

Artículo 7º: Los organismos que realicen encuestas de intención de voto previas a los procesos electorales señalados en el artículo 3º de esta ley, deberán depositar en el Servicio Electoral antes de su publicación y difusión, información actualizada y verificable acerca de:

  1. El nombre y/o razón social del organismo que ha realizado la encuesta;
  2. El o los objetivos de la encuesta;
  3. El nombre y la calidad de la persona o institución que ha encargado y/o financiado la encuesta o una parte de ésta, así como –si lo hubere- el nombre y calidad de la persona o entidad que ha comprado el estudio en cuestión;
  4. El método utilizado para la configuración de la muestra;
  5. El número de personas que fueron interrogadas;
  6. Las condiciones en las cuales fueron interrogadas las personas que constituyeron la muestra encuestada;
  7. La proporción de individuos de la muestra que no respondieron a la aplicación del instrumento de recolección de datos;
  8. En su caso si la hubiera, el monto de la gratificación percibida por las personas interrogadas en la muestra;
  9. Las fechas dentro de las cuales se aplicó el instrumento de recolección de datos:
  10. El texto integral del cuestionario y/o temario aplicado como instrumento de recolección de datos;
  11. Los margenes de error de la medición.

Artículo 8º: Los organismos que realicen encuestas de intención de voto previas a los procesos electorales señalados en esta ley, deberán incorporar y publicar la información señalada en el artículo 7º, una vez que el Servicio Electoral haya otorgado la autorización para su publicación y/o difusión, junto a la publicación de los resultados del estudio.

Artículo 9º: Los organismos que realicen encuestas de intención de voto previas a los procesos electorales señalados en esta ley, solo podrán publicar y/o difundir tales estudios hasta 48 horas antes del respectivo evento electoral.

De la fiscalización por el Servicio Electoral a través de una Comisión Nacional de Encuestas.

Artículo 10º: El Servicio Electoral creará una Comisión Nacional de Encuestas, como repartición de su dependencia. Para los efectos de la presente ley, la Comisión Nacional de Encuestas llevará un registro público y actualizado de las entidades autorizadas para publicar y/o difundir encuestas de opinión e intención de voto.

Artículo 11º: Modifíquese el artículo 90 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.556 incorporando una nueva letra i) en los términos siguientes: “la facultad de supervigilar la publicación y difusión de encuestas de intención de voto, en determinados períodos dentro de las elecciones primarias y las elecciones de Presidente de la República, Senadores, Diputados, Consejeros Regionales, Alcaldes, Concejales y Gobernadores Regionales, tanto en primera como en segunda vuelta.”

Artículo 12º: En relación con la información exigida para la publicación y/o difusión de encuestas de intención de voto, la Comisión Nacional Electoral podrá recabar información adicional a los organismos que realicen tales estudios.

Artículo 13º: La Comisión Nacional Electoral otorgará una autorización para la publicación y/o difusión de encuestas de intención de voto, cuando la información recibida sea completa y consistente. El Servicio Electoral llevará un registro público y online de las encuestas autorizadas y no autorizadas.

Artículo 14º: El Servicio Electoral podrá suspender la autorización para publicar y/o difundir de determinadas encuestas de intención de voto, cuando la información proporcionada por el organismo ejecutor conforme al artículo 7º de esta ley, sea incompleta o manifiestamente insuficiente e inconsistente.   Cuando el Servicio Electoral suspenda la autorización para publicar y/o difundir encuestas de intención de voto que no reúnen los requisitos señalados en el artículo 7º de esta ley, publicará y difundirá su decisión fundada en su propias plataformas y en a lo menos tres medios de comunicación de circulación nacional.

De las sanciones por incumplimiento de esta ley.

Artículo 15º: el Servicio Electoral a través de la Comisión Nacional Electoral sancionará el incumplimiento de la presente ley, según su gravedad, ya sea mediante la publicación de un comunicado en los medios de comunicación de circulación nacional advirtiendo de dicho incumplimiento, o mediante multas como se señala en el artículo siguiente.

Artículo 16º: El Servicio Electoral sancionará con una multa equivalente a 500 Unidades de Fomento y a beneficio fiscal, en caso que:

  1. Alguna entidad publique y/o difunda encuestas de intención de voto no autorizadas por el Servicio Electoral, conforme a las disposiciones de esta ley;
  2. Algún medio de comunicación social publique o deje publicar y difunda o deje difundir resultados de encuestas de intención de voto no autorizadas por el Servicio Electoral;
  3. Algún medio de comunicación social se niegue a publicar integramente, en los mismos términos y formato de difusión de una encuesta de intención de voto no autorizada por SERVEL, la decisión del Servicio respecto de la prohibición de dicha publicación; y
  4. Alguna entidad publique y/o difunda encuestas de intención de voto en períodos no autorizados por la presente ley.

Artículo 17º: La multa señalada en el artículo 16º se aplicará conforme al valor de la Unidad de Fomento vigente el día en que el Consejo del Servicio Electoral ordene la sanción.

[1] BCN Informe. Encuestas electorales. Experiencia comparada.  2012. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 20 p.

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Agenda política, viernes 26 de enero

  • La derecha se prepara con los mismos de siempre para hacer lo mismo de siempre, tratando de retroceder en aquello que nunca había sido cambiado.
  • Mientras, este gobierno está coronando su período cumpliendo con su promesa mayor: reformas la educación para que exista más equidad, más calidad y más acceso para todos.
  • Entregamos una gran obra con el concurso de todos. Pero tal pareciera que el gobierno de Piñera se tratará de imponer de inmediato y por medio del conflicto en las áreas más sensibles.

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La Junta Nacional DC.

La ex candidata presidencial Carolina Goic aseguró que la mesa actual no representa a quienes la eligieron. Myriam Verdugo respondió que la directiva quiere llamar a elecciones.  Las tensiones y diferencias internas en el PDC han vuelto a surgir en la prensa durante los días previos a la Junta Nacional.

  • Senadora Carolina Goic (DC)
  • Sobre la propuesta de posponer las elecciones de la directiva DC y extender la mesa a cargo de Myriam Verdugo: “Es un tema que tiene que evaluar la junta, lo que sí yo puedo señalar es que hoy día un partido moderno requiere más democracia y requiere de estructuras que estén validadas ojalá en la forma más amplia posible para los desafíos que existen”.
  • Myriam Verdugo, presidenta interina DC
  • Señalando que no tener intenciones de quedarse y que estudian, junto al Tribunal Supremo, las alternativas de la renuncia que van a presentar para llamar a elecciones: “La directiva fijó este cronograma, nosotros queremos que la junta lo acoja. Esta directiva ha sido bastante criticada por tener poco peso político, porque no hay parlamentarios en ella. Entonces, para evitar eso y tener una mesa que sea respetada, hagamos elecciones. Por lo menos, la voluntad nuestra es esa”.
  • Diputado Gabriel Silber, subjefe bancada DC,
  • “La Democracia Cristiana tiene que cumplir obviamente su rol en el Congreso, no puede ni mimetizarse con el Frente Amplio, y debe entender que no hay ansiedad por generar nuevas alianzas. Lo que viene para adelante también responde a decisiones que tiene que tomar el PS, el PPD: si es que en definitiva están las bases para consolidar una alianza”.
  • Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas (DC)
  • “Lo primero que hay que hacer esta semana es una autocrítica y una reflexión de porqué perdimos una elección y en eso hay que hacerlo en primera persona plural, no tanto ver que tienen los otros, sino que ver las responsabilidades nuestras para volver a reencantar a los chilenos y chilenas”.
  • “Estamos en la oposición a partir del 11 de marzo, pero en la oposición uno sigue sirviendo a Chile, sigue haciendo propuestas al país y ese es un rol que tiene la Democracia Cristiana”.

El PDC votó finalmente en su Junta nacional avanzar en conversaciones a ser una oposición junto a todos los sectores de la centro izquierda incluyendo el Frente Amplio. Eugenia Subiabre, jefa de comunicaciones de la Bancada DC de diputados escribió en redes sociales el sábado 27: “A esta hora termina votación de junta DC y triunfa opción de conversar con todas las fuerzas de oposición, incluido el Frente Amplio.”

Proyecto para modificar el CAE

Adriana Delpiano afirmó que en los primeros días de marzo el Gobierno ingresará al Congreso un proyecto que modifica el Crédito con Aval del Estado (CAE).

  • Adriana Delpiano, ministra de Educación
  • “Tenemos el proyecto, que creo que es un proyecto muy serio, y que lo vamos a presentar. Los primeros días de marzo va a entrar el CAE de todas maneras”.
  • “Nunca pensamos nosotros tramitar el CAE, el CAE no es compromiso original de la Presidenta de la República, sino que surgió en los debates posteriores y, en esa oportunidad, el ministro Rodrigo Valdés tomó una fecha específica. Cuando se llegó a esa fecha, que hemos estado trabajando y el Ministerio de Hacienda básicamente ha estado trabajando el tema del CAE, esto se mezcló con las campañas presidenciales”.
  • Durante la campaña presidencial “el CAE era cualquier cosa, cualquier condonación. Si lo hubiéramos presentado en ese momento, podría ser hecho pedazos a la luz de lo que se estaba discutiendo en las campañas”.

 

Registro nacional de pacientes con cáncer

Un registro nacional de pacientes oncológicos y un Consejo Nacional del Cáncer fueron los anuncios del futuro ministro de Salud, Emilio Santelices. La iniciativa impulsada en un principio por la entonces candidata Carolina Goic, en el sentido de avanzar hacia una Ley del Cáncer.

  • Senadora Carolina Goic (DC)
  • “Nosotros somos una oposición, pero yo aspiro a ser una oposición propositiva y eso significa que apoya las cosas positivas, que trabajemos y si lo hacemos en cáncer, lo hacemos en el fortalecimiento de la educación técnica, que son planteamientos que compartimos”.
  • “Es una señal esperanzadora de poder avanzar en esta ley que venimos trabajando hace más de cinco años. Es alentador poder dar pasos sustantivos para enfrentar una enfermedad con la que viven todas las familias en nuestro país”. “En otros temas probablemente vamos a tener diferencias y lo vamos a plantear con la altura de miras que se merecen los ciudadanos”.

 

Caso Sename

Se dio a conocer el informe del INDH sobre la situación del organismo estatal, que evidenció que 23 niños sufrieron abusos sexuales en el Sename en el último año.

  • Jaime Campos, ministro de Justicia
  • “Me voy con mi conciencia tranquila, porque en los gobiernos de la Presidenta Bachelet se han enviado todos los proyectos de ley que apuntan a cambiar esa política”.
  • Diputado Ramón Farías (PPD)
  • “Yo creo que (Campos) no debe tener la conciencia tranquila como él dijo, (él) debe estar intranquilo, porque hay muchas cosas que no se hicieron”.

Elección de Gobernadores, al menos un avance – Alonso Escobar

Elección de Gobernadores, al menos un avance

Que Chile sea uno de los países más centralistas del mundo, no es una casualidad; fue algo que se forjó literalmente con sangre y pólvora, en nuestro proceso de formación como nación en el siglo XIX. La historia nos ha enseñado, siguiendo la investigación hecha por Gabriel Salazar y otros, que la elite social, económica y política de Santiago, se impuso por sobre la de las provincias; se desconoció el proceso constituyente democrático reunido en Valparaíso, y se selló a perpetuidad al fin del período, denominado de forma tergiversada “Anarquía”, con el inicio del Estado de Portales.

La clase política chilena, hermanada con la elite social, tiene profundas raíces en la capital, si bien inicialmente posee intereses latifundistas en provincias, minera en el Norte, agraria en el valle central y el Sur; su actividad librecambista y bancaria se fundó principalmente en Santiago en el siglo antepasado.

Lo cual se refleja en que la mayoría de las personas con destacadas carreras políticas a lo largo de nuestra historia republicana, si bien eran elegidos en representación de alejados lugares, en el fondo reflejaban los intereses centralistas. Sumado a que los sobrevivientes derrotados del período “anárquico” (sic.), en su mayoría y paulatinamente se relacionaron con los centros de poder central, sea mediante actividades económicas, como mediante vínculos de parentesco.

Tal mentalidad centralista, incluso influye fuertemente a los actuales habitantes de las regiones; por cierto y en justicia, exigen atención y reconocimiento, pero nos es difícil constatar que exijan la debida autonomía localista dentro del país; hasta ahora no ha habido un movimiento ciudadano, fuerte y decidido que irrumpa abruptamente en la agenda de la clase política chilena, incluso contra la voluntad de tal centro de poder, como ocurrió con el movimiento estudiantil, o la organización “No + AFP”. No nos olvidemos que ceder autonomía es ceder poder, y nuestra clase política santiaguina prácticamente no lo ha hecho desde 1830.

La elección popular de los “Gobernadores” regionales, sin duda es un avance, pero lamentablemente no posee la autonomía que se merecen sus electores; ya que en el fondo, las funciones de los actuales intendentes, ahora se dividirán en un Delegado Presidencial y el mencionado Gobernador; es obvio que ciertas agencias deben ser centralizadas, como lo es el control fronterizo, el SAG o inmigración, pero no se entiende que una autoridad electa por sufragio no posea funciones policiacas, dar instrucciones a los órganos de seguridad interior, velando por el orden público, ni atribuciones para enfrentar catástrofes o calamidades, en coordinación con las autoridades regionales.

A mi modo de ver, lo ideal para nuestro país, es acercarse al federalismo, con toda la autonomía que eso implica, el derecho de percibir ciertos tributos; total autonomía para poder emprender e invertir en obras de desarrollo, tomando los créditos que sean necesarios; sin la creación de innecesarios poderes legislativos regionales.

ALONSO ESCOBAR PARRA.

Abogado Universidad de Chile.

Los ciudadanos, la política y el Congreso

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